Policiales
Cárcel de Devoto: Analizarán prisiones domiciliarias
Una mesa de diálogo integrada por autoridades del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario Federal, jueces de la Cámara de Casación y presos del penal de Villa Devoto acordó hoy conformar “un grupo de trabajo interdisciplinario” que analizará y agilizará la aplicación de prisiones domiciliarias para los internos que integran la población de riesgo ante el posible contagio del coronavirus.

Fuentes penitenciarias y judiciales aseguraron a Télam que, de acuerdo al acta firmada por todos los participantes del encuentro, el equipo de trabajo deberá priorizar “la revisión y estado de los trámites administrativos y judiciales” que contemplan a los “subgrupos descriptos” en las acordadas alcanzadas por la Cámara de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal y por la Cámara Federal de Casación Penal.
El encuentro, que había sido acordado ayer tras una jornada de protesta que terminó con presos y agentes penitenciarios heridos, comenzó a las 10.30 en “la capilla” del penal y concluyó a las 15.40, luego de fijar una nueva reunión para el próximo jueves a la misma hora en la que también estarán presentes jueces de Ejecución.
El acuerdo al que llegaron no sólo abarcará el análisis de la situación carcelaria en el penal porteño, sino que también incluirá al resto de los penales federales de todo el país.
Durante la reunión de hoy, se determinó que se analizará la situación de los internos que podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, y en el acta se menciona a la “población de riesgo sanitario”, que son aquellos mayores de 60 años y con “enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria”; “personas en término de libertad condicional y asistida” y “aquellos que tenían las salidas transitorias otorgadas”.
También se menciona a los presos “con condenas no superiores a tres años y aquellos con prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años”; “mujeres con niños y niñas y embarazadas”; y “extranjeros con trámites de expulsión”.
Por último, en el documento firmado también están contempladas las “personas que fueron condenadas bajo el régimen penal de menores”.
Del encuentro participaron representantes de los pabellones de todos los módulos de dicho penal; Gustavo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación y miembro del Sistema Interinstitucional de de Control de Cárceles; Daniel Morin, juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; y el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.
También estuvieron presentes en la mesa de diálogo Emiliano Blanco, director nacional del Servicio Penitenciario Federal; autoridades de la Procuración Penitenciaria Nacional, miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y representantes de la Defensoría General de la Nación y de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos.
La protesta en la cárcel de Devoto, ubicado en la calle Bermúdez al 2600 de la Ciudad de Buenos Aires, había comenzado ayer alrededor de las 8 con quema de colchones y batucadas.
Según fuentes policiales, los presos comenzaron por copar dos plantas del penal que tiene capacidad para 1.683 internos y que está dividido en seis unidades residenciales.
Al llegar la tarde, voceros del SPF dijeron a Télam que la protesta involucraba al 80 por ciento de los pabellones, luego de un reclamo que estaba latente desde hacía varios días y se acrecentó luego de que se confirmara que un agente penitenciario que presta servicios en ese penal diera positivo de coronavirus.
Luego de firmar un acta con las autoridades en el cual se estableció la mesa de diálogo para hoy, los presos concluyeron el reclamo, que dejó a 15 agentes penitenciarios con quemaduras y lesiones leves por lo que debieron ser trasladados a distintos centros de salud.
Por su parte, los investigadores afirmaron que al menos dos presos que participaban de la protesta resultaron heridos al caer de los techos del penal, uno de los cuales sufrió una fractura en una pierna y se encontraba fuera de peligro.
Policiales
Caso Báez Sosa: cómo viven los rugbiers en la cárcel

Transcurrieron 41 días desde aquel mediodía en el que los ocho rugbiers conocieron la condena que recibieron por el crimen de Fernando Báez Sosa. En el medio, un sinfín de rumores y especulaciones que están directamente relacionados al ánimo de los detenidos.
Desde la Alcaidía N°3 del penal de Melchor Romero, donde permanecen alojados, nada cambió: continúan apartados del resto de la población, bajo la misma dinámica establecida durante los meses previos a la realización del debate oral en Dolores.
Quienes frecuentan a los ocho jóvenes no dudan en admitir que el humor no es el mismo. Ante el contacto de TN, un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) incluso fue tajante al definir la situación del grupo: “Están resistiendo”.
Desde el organismo provincial desmintieron que haya habido una ruptura entre ellos o que alguno decidiera correrse de la estrategia comandada por el abogado Hugo Tomei. “Están juntos y esperan que este año haya novedades respecto al fallo de Casación”.
El pedido del abogado de los rugbiers
En los últimos días, Tomei solicitó la absolución de los tres rugbiers condenados a 15 años (Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi) y la reducción de la pena para los cinco acusados que fueron sentenciados a prisión perpetua (Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli).
En los próximos días entregaría el escrito el particular damnificado, a cargo de los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, quienes también apelarían la sentencia y solicitarían una condena a prisión perpetua para los ocho rugbiers, según anticiparon.
El recurso de apelación ante Casación que presentó Tomei fue el mismo que solicitaron los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, pero con un planteo opuesto al abogado de los rugbiers. Dávila y García pidieron ante el mismo tribunal que no sean cinco los condenados a perpetua y que los ocho sean considerados como coautores del “homicidio agravado” y reciban el máximo castigo.
A través del entorno del abogado, la defensa confía en que esta nueva instancia judicial resulte favorable para los detenidos. También que la pena que recibieron los ocho no sorprendió a Tomei: “Él cree que el sistema judicial no está apto para soportar la presión mediática”.
El factor que mantiene intranquilos a los detenidos
El letrado de Zárate también entiende que una de las principales inquietudes que atraviesa a sus defendidos está relacionada con el traslado a otro penal. Los ocho, a pesar de las diferencias o discusiones que puedan tener, se aferran a mantenerse juntos mientras permanezcan detenidos.
“Si eso sucede, a él no lo van a notificar”, explican desde el SPB. Es decir, que los jóvenes podrían ser trasladados de la noche a la mañana sin previo aviso, a cualquier unidad penitenciaria, juntos o separados.
Esta posibilidad, imposible de manejar para la defensa de los rugbiers, es justamente el factor que más incomoda a los detenidos. Si bien el máximo deseo de todos es que la Justicia reduzca sus penas, el hipótetico escenario de separación y traslado los mantiene intranquilos.
“Saben que pueden ser subidos a una unidad móvil y notificados en el momento de que van a ser alojados en otro penal. Eso puede suceder cualquier día, a cualquier hora. Lo último con lo que cuentan en la cárcel es con certezas”, indicó una fuente cercana al expediente.
Desde el SPB completaron: “Algo que se sabe y no se dice es que pocos están dispuestos a pagar el costo de un traslado. O mejor dicho: que queden expuestos en otra cárcel y sean atacados. Son los presos más conocidos de la Argentina, no va a ser fácil”.
Policiales
Detuvieron al narco que envió una amenaza a sus vecinos en Rosario

El fiscal de Balaceras Federico Rébola, a través de medidas que llevó a cabo con la Agencia de Investigación Criminal, había identificado hace casi diez días atrás al presunto miembro de la banda narco “Los Salteños” que envió un video intimidatorio a la familia de Máximo Jerez, el niño de 12 años que fue asesinado en Rosario. Este viernes, tras un operativo en el que también participaron las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), el hombre en cuestión: Uriel Leandro E. —19 años— fue detenido.
El fiscal Rebola, según precisaron fuentes judiciales a Infobae, llevará al detenido a audiencia imputativa el próximo martes. Vale destacar que en también fueron parte del operativo la Unidad Especial de Investigación del crimen organizado, además de las TOE. En la investigación e individualización participó también la Brigada de Balacera y Extorsiones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Tras un trabajo de inteligencia e informes preliminares, las autoridades allanaron el domicilio ubicado en la calle Cavia al 1400, de la ciudad de Rosario. En este lugar, tal como precisaron las fuentes, se logró la captura del hombre.
Uriel, el presunto gatillero, es la persona que se colocó una máscara para amedrentar a los vecinos del asentamiento “Los Pumitas”, del barrio Empalme Graneros, para exigirles que devolvieran todos los elementos que habían robado de las construcciones que pertenecen al clan Villazón, que lidera la banda de “Los Salteños”.
“Escuchen, manga de giles. Van a tener que devolver las cosas, o sino todos los días les vamos a dejar un muerto. Todas estas balitas son para ustedes. Más vale que devuelvan las cosas o les damos plomo, giles”, les dijo a través de la filmación que hizo llegar aquel martes por la madrugada a los vecinos a través de Facebook y de Whatsapp.
En este escenario, los cinco detenidos por el asesinato de Máximo Iván Jerez —el chico de 12 años perteneciente a la comunidad qom que el 5 de marzo pasado fue asesinado medio de una balacera contra un búnker en el asentamiento Los Pumitas— fueron imputados en la mañana del último martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Tras la acusación del fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta, el juez penal de primera instancia Hernán Postma resolvió dejar a todos bajo prisión preventiva.
Spelta sentó en el banquillo a los hermanos Maximiliano Oscar Castillo (24 años) y Nicolás Ariel Castillo (25), considerados los presuntos coautores del ataque que tuvo lugar aquel domingo aproximadamente a la 1.30. Esos dos sospechosos, según apuntaron investigadores policiales, son primos de Alex “Arañita” Ibáñez (22), un preso de la cárcel de Piñero cuya celda fue requisada por esta causa.
Ibáñez, según testimonios que son materia de investigación, lidera desde la cárcel una presunta banda narco que disputa a tiros el territorio con la organización “Los Salteños”. Es quien, se presume, podría estar detrás de la instigación de la balacera contra el búnker que terminó en el crimen y disparó una crisis institucional que llevó a un nuevo desembarco de fuerzas federales. No obstante, por el momento no está formalmente acusado.
En la audiencia de aquel martes, el fiscal ubicó a Maximiliano Castillo como conductor del Honda Civic negro con vidrios polarizados que fue utilizado para la balacera ocurrida en Cabal al 1300 bis en la que murió Jerez y otros tres menores resultaron heridos. En tanto, a Nicolás le atribuyó haber estado dentro del auto al momento del hecho.
La balacera, según explicaron fuentes de la investigación a Infobae, estaba dirigida a los domicilios del clan Villazón, que lidera a “Los Salteños”, pero los tiros impactaron en los nenes que jugaban a metros de esas construcciones, donde también se vendía droga, de acuerdo a testimonios de vecinos que protagonizaron una pueblada contra los dealers.
Policiales
Tres Lagos: Controlaron incendio en Ea. La Escondida

Personal del Consejo Agrario Provincial delegación El Chaltén, acudió a un siniestro en una estancia en cercanías de la localidad de Tres Lagos.
El día 8 de marzo en horas de la madrugada se recibió información por parte del cuartel de bomberos de la policía de Santa Cruz, de Tres Lagos, de un foco de incendio en un establecimiento sobre la ruta provincial 288.
Personal de la delegación del CAP, perteneciente a la Brigada de incendios se dirigió al lugar para constatar que durante la noche había habido un foco de fuego que afectó
aproximadamente tres hectáreas de pastizales y matorrales. Al arribar al lugar el fuego se había extinguido casi en su totalidad, quedando solo algunos puntos calientes que fueron trabajados con herramientas manuales.
Parte de los integrantes de la brigada voluntaria de combatientes de la localidad se encontraban en aprestos por si eran requeridos, pero finalmente esto no fue necesario.
Se desconocen las causas del inicio del fuego, pero se presume que fueron humanas.
Se recuerda a la comunidad que se encuentra vigente la Resolución 326/20 de prohibición de quemas y utilización de fuego, y el decreto nacional de Emergencia Ígnea 6/22 y su extensión mediante el decreto 3/23 del poder ejecutivo nacional.
+ Sí divisa humo o fuego de aviso a las autoridades más próximas.
+ La prevención de los incendios forestales es responsabilidad de todos.
+ Ningún fuego es seguro.
La Dirección de Incendios Forestales dependiente de la Dirección de Bosques y Parques del Consejo Agrario Provincial, es la autoridad jurisdiccional sobre los incendios forestales de la Provincia de Santa Cruz, y fuente oficial de información al respecto, recalcando así las medidas preventivas para quienes visiten el lugar.
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