Policiales
Dan por concluídas las negociaciones en la cárcel de Devoto
Autoridades del gobierno, funcionarios judiciales y presos del penal de Villa Devoto acordaron hoy la conformación de un grupo de trabajo que aborde la temática penitenciaria en forma “integral”, con lo que dieron por concluidas las negociaciones iniciadas el 24 de abril pasado tras la jornada de protesta de detenidos en reclamo de prisiones domiciliarias por el coronavirus.

En el acta firmada por todos los participantes de la mesa de diálogo, los representantes de los distintos pabellones de dicha unidad se comprometieron a colaborar en las refacciones o remodelaciones edilicias de sus lugares de alojamiento y presentaron un proyecto de “Ayuda Humanitaria” para la confección de productos de higiene y salud por la Covid-19.
Tal como lo habían solicitado los presos, en la reunión de hoy estuvo presente el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, quien detalló a los presos los avances logrados en relación a los informes penitenciarios y la revisión médica de la población con riesgo sanitario.
También participaron del encuentro el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; el juez Daniel Morin, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución 2 Vilma Bisceglia; y el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco.
En la mesa de diálogo hubo representación de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad) y el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla), entre otras organizaciones.
Mena propuso la conformación de “una mesa de trabajo más amplia” que la presente con el objetivo de incorporar a otros actores que han ofrecido su colaboración.
En ese sentido, el procurador adjunto de la PPN, Ariel Cejas, propuso sumar a esa mesa “externa” al Ministerio de Salud, lo cual fue apoyado por los presentes.
Tras un intercambio de opiniones finalmente se acordó “conformar un grupo de trabajo que aborde la temática penitenciaria en forma integral” que trabajaría “en paralelo” con la presente mesa de diálogo, la cual se seguirá reuniendo periódicamente, más allá de que el “conflicto/reclamo colectivo” que dio inicio a la misma “ha quedado concluido”.
Por ello, todos los actores de la mesa de diálogo “deberán arbitrar los medios necesarios para retomar el normal funcionamiento del establecimiento en todos los aspectos de seguridad, alojamiento y disciplina con los recaudos de profilaxis en virtud de la pandemia declarada”.
También se acordó “continuar y reforzar el mejoramiento de las condiciones de higiene, salud y alimentación”, trabajar en el mejoramiento de los “criterios criminológicos e informes” que realiza el SPF y mantener el “compromiso asumidos de no realizar traslados y ninguna otra medida que implique represalias” por los incidentes del 24 de abril último.
Y por último, en el acta dejaron asentado que “los representantes de los pabellones presentes ofrecen colaborar con las refacciones y/o reparaciones edilicia de sus lugares de alojamiento, como así también presentaron un proyecto denominado ´Ayuda Humanitaria´ para la confección de elementos de higiene y salud en el marco de la pandemia declarada por la Covid-19”.
La mesa de diálogo, que se volverá a reunir el 20 de mayo próximo, se conformó tras los incidentes protagonizados por los detenidos de Devoto, quienes reclamaron durante más de 12 horas por la agilización de sus causas penales y que se les otorguen beneficios de prisiones domiciliarias ante la posibilidad de contagio de coronavirus.
Durante los incidentes, dos presos resultaron heridos con postas de plomo y permanecían esta tarde internados en el Hospital Pirovano.
El hecho es investigado judicialmente por el juzgado federal I, que recibió en las últimas horas el resultado de distintos informes periciales.
Policiales
Marcelo Corazza en la cárcel: detalles de la causa

El ganador de la primera edición del reality Gran Hermano en Argentina, allá en el año 2001, atraviesa el momento más complicado de su vida. El lunes pasado, en su vivienda de Buenos Aires, Marcelo Corazza fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en un operativo que en cuestión de minutos tomó gran trascendencia nacional.
El muchacho, que había participado el domingo por la noche de la última gala de eliminación de Gran Hermano 2022, fue detenido e incomunicado, y las imágenes de él esposado comenzaron a circular por todos los portales de noticias y redes sociales.
Como parte de la causa, Corazza fue llevado a declarar en la jornada del martes, aunque se negó por recomendación de sus abogados defensores. Sin embargo, trascendió que el productor de Telefe repitió numerosas frases. “No tengo nada que ver con esto. Estoy pasando el peor momento de mi vida”, habría repetido una y otra vez el famoso que se encuentra envuelto en una causa por corrupción de menores.
Además de Corazza, Andrés Fernando Charpenet (53), Francisco Rolando Angelotti (46) y Raúl Ignacio Mermet (45), también fueron detenidos y no se descarta que se sumen personas a la lista de privados de su libertad.
Denuncia y detenciones
La causa se inició tras la denuncia de dos personas de identidad reservada, actualmente mayores de edad, que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años.
Fuentes de la investigación, agregaron que los testimonios se acumularon y ya hay al menos once relatos de jóvenes que padecieron esta situación en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. En el expediente de la causa consta la sospecha de que los abusos ocurrían en “autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares”.
La postura de Gastón Trezeguet
La detención de Corazza cayó como un balde de agua helada en Telefe, el canal de las pelotas que celebra el éxito de Gran Hermano 2022, y en muchos de los famosos que forman parte del reality que se quedó con todo el rating.
Uno de los que rompió el silencio fue Gastón Trezeguet, participante que convivió con Corazza, allá en el 2001. “Mi opinión es como la de muchos. Me da tristeza, me da asco, me da repulsión. Tan solo, el hecho de estar hablando del tema, no me gusta y no me siento cómodo”, sostuvo el panelista.
“Me parece que si es lo que están diciendo todos, que le caiga todo el peso de la ley, y me parece que es así como tiene que ser. Me sorprendió, por supuesto. No lo esperaba para nada. Imaginate que desde que salí de la casa en el año 2000 hasta ahora que empezó este programa, no lo volví a ver a Marcelo. Pero igual te sorprende”, sentenció.
Policiales
Caso Báez Sosa: cómo viven los rugbiers en la cárcel

Transcurrieron 41 días desde aquel mediodía en el que los ocho rugbiers conocieron la condena que recibieron por el crimen de Fernando Báez Sosa. En el medio, un sinfín de rumores y especulaciones que están directamente relacionados al ánimo de los detenidos.
Desde la Alcaidía N°3 del penal de Melchor Romero, donde permanecen alojados, nada cambió: continúan apartados del resto de la población, bajo la misma dinámica establecida durante los meses previos a la realización del debate oral en Dolores.
Quienes frecuentan a los ocho jóvenes no dudan en admitir que el humor no es el mismo. Ante el contacto de TN, un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) incluso fue tajante al definir la situación del grupo: “Están resistiendo”.
Desde el organismo provincial desmintieron que haya habido una ruptura entre ellos o que alguno decidiera correrse de la estrategia comandada por el abogado Hugo Tomei. “Están juntos y esperan que este año haya novedades respecto al fallo de Casación”.
El pedido del abogado de los rugbiers
En los últimos días, Tomei solicitó la absolución de los tres rugbiers condenados a 15 años (Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi) y la reducción de la pena para los cinco acusados que fueron sentenciados a prisión perpetua (Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli).
En los próximos días entregaría el escrito el particular damnificado, a cargo de los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, quienes también apelarían la sentencia y solicitarían una condena a prisión perpetua para los ocho rugbiers, según anticiparon.
El recurso de apelación ante Casación que presentó Tomei fue el mismo que solicitaron los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, pero con un planteo opuesto al abogado de los rugbiers. Dávila y García pidieron ante el mismo tribunal que no sean cinco los condenados a perpetua y que los ocho sean considerados como coautores del “homicidio agravado” y reciban el máximo castigo.
A través del entorno del abogado, la defensa confía en que esta nueva instancia judicial resulte favorable para los detenidos. También que la pena que recibieron los ocho no sorprendió a Tomei: “Él cree que el sistema judicial no está apto para soportar la presión mediática”.
El factor que mantiene intranquilos a los detenidos
El letrado de Zárate también entiende que una de las principales inquietudes que atraviesa a sus defendidos está relacionada con el traslado a otro penal. Los ocho, a pesar de las diferencias o discusiones que puedan tener, se aferran a mantenerse juntos mientras permanezcan detenidos.
“Si eso sucede, a él no lo van a notificar”, explican desde el SPB. Es decir, que los jóvenes podrían ser trasladados de la noche a la mañana sin previo aviso, a cualquier unidad penitenciaria, juntos o separados.
Esta posibilidad, imposible de manejar para la defensa de los rugbiers, es justamente el factor que más incomoda a los detenidos. Si bien el máximo deseo de todos es que la Justicia reduzca sus penas, el hipótetico escenario de separación y traslado los mantiene intranquilos.
“Saben que pueden ser subidos a una unidad móvil y notificados en el momento de que van a ser alojados en otro penal. Eso puede suceder cualquier día, a cualquier hora. Lo último con lo que cuentan en la cárcel es con certezas”, indicó una fuente cercana al expediente.
Desde el SPB completaron: “Algo que se sabe y no se dice es que pocos están dispuestos a pagar el costo de un traslado. O mejor dicho: que queden expuestos en otra cárcel y sean atacados. Son los presos más conocidos de la Argentina, no va a ser fácil”.
Policiales
Detuvieron al narco que envió una amenaza a sus vecinos en Rosario

El fiscal de Balaceras Federico Rébola, a través de medidas que llevó a cabo con la Agencia de Investigación Criminal, había identificado hace casi diez días atrás al presunto miembro de la banda narco “Los Salteños” que envió un video intimidatorio a la familia de Máximo Jerez, el niño de 12 años que fue asesinado en Rosario. Este viernes, tras un operativo en el que también participaron las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), el hombre en cuestión: Uriel Leandro E. —19 años— fue detenido.
El fiscal Rebola, según precisaron fuentes judiciales a Infobae, llevará al detenido a audiencia imputativa el próximo martes. Vale destacar que en también fueron parte del operativo la Unidad Especial de Investigación del crimen organizado, además de las TOE. En la investigación e individualización participó también la Brigada de Balacera y Extorsiones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Tras un trabajo de inteligencia e informes preliminares, las autoridades allanaron el domicilio ubicado en la calle Cavia al 1400, de la ciudad de Rosario. En este lugar, tal como precisaron las fuentes, se logró la captura del hombre.
Uriel, el presunto gatillero, es la persona que se colocó una máscara para amedrentar a los vecinos del asentamiento “Los Pumitas”, del barrio Empalme Graneros, para exigirles que devolvieran todos los elementos que habían robado de las construcciones que pertenecen al clan Villazón, que lidera la banda de “Los Salteños”.
“Escuchen, manga de giles. Van a tener que devolver las cosas, o sino todos los días les vamos a dejar un muerto. Todas estas balitas son para ustedes. Más vale que devuelvan las cosas o les damos plomo, giles”, les dijo a través de la filmación que hizo llegar aquel martes por la madrugada a los vecinos a través de Facebook y de Whatsapp.
En este escenario, los cinco detenidos por el asesinato de Máximo Iván Jerez —el chico de 12 años perteneciente a la comunidad qom que el 5 de marzo pasado fue asesinado medio de una balacera contra un búnker en el asentamiento Los Pumitas— fueron imputados en la mañana del último martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Tras la acusación del fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta, el juez penal de primera instancia Hernán Postma resolvió dejar a todos bajo prisión preventiva.
Spelta sentó en el banquillo a los hermanos Maximiliano Oscar Castillo (24 años) y Nicolás Ariel Castillo (25), considerados los presuntos coautores del ataque que tuvo lugar aquel domingo aproximadamente a la 1.30. Esos dos sospechosos, según apuntaron investigadores policiales, son primos de Alex “Arañita” Ibáñez (22), un preso de la cárcel de Piñero cuya celda fue requisada por esta causa.
Ibáñez, según testimonios que son materia de investigación, lidera desde la cárcel una presunta banda narco que disputa a tiros el territorio con la organización “Los Salteños”. Es quien, se presume, podría estar detrás de la instigación de la balacera contra el búnker que terminó en el crimen y disparó una crisis institucional que llevó a un nuevo desembarco de fuerzas federales. No obstante, por el momento no está formalmente acusado.
En la audiencia de aquel martes, el fiscal ubicó a Maximiliano Castillo como conductor del Honda Civic negro con vidrios polarizados que fue utilizado para la balacera ocurrida en Cabal al 1300 bis en la que murió Jerez y otros tres menores resultaron heridos. En tanto, a Nicolás le atribuyó haber estado dentro del auto al momento del hecho.
La balacera, según explicaron fuentes de la investigación a Infobae, estaba dirigida a los domicilios del clan Villazón, que lidera a “Los Salteños”, pero los tiros impactaron en los nenes que jugaban a metros de esas construcciones, donde también se vendía droga, de acuerdo a testimonios de vecinos que protagonizaron una pueblada contra los dealers.
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