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Denuncian a exministros de Macri por fraude de casi u$s7 millones con vacunas vencidas

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La administración macrista adquirió 600.000 dosis de vacunas triple bacteriana y las dejó vencer en un frigorífico. Fueron denunciados los ex ministros de Salud de Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein.

El Gobierno nacional denunció que la administración macrista adquirió 600.000 dosis de vacunas triple bacteriana dentro del calendario nacional y las dejó vencer en un frigorífico, que había sido contratado por la cartera de Salud. Fueron denunciados los ex ministros del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, entre otros.

La denuncia fue realizada por la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Félix Crous, y recayó, tras el sorteo realizado este lunes, en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello. Los denunciados fueron los ex ministros del Salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, entre otras autoridades sanitarias.La OA tomó conocimiento de la existencia de las 600.000 dosis de la vacuna dTap (triple bacteriana acelular) adquiridas con el objeto de cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación, las cuales se encontraban vencidas en una cámara perteneciente al Frigorífico Oneto y Cia. SAIC, el cual fuere contratado por la cartera como operador logístico.

Por otra parte, el organismo dio con una contratación directa -sustanciada entre los años 2018/2019- cuyo objeto resultó la recolección, tratamiento y disposición final de aproximadamente 40 toneladas de residuos peligrosos alojados en el mencionado Frigorifico Oneto dentro de las cuales se encontraban las 600.000 dosis de dTap.

El Estado nacional -a través del Ministerio de Salud- habría invertido la suma de u$s6.610.306 en la adquisición de las dosis importadas y la de $4.370.000 en el tratamiento y disposición final de las mismas.

El 16 de septiembre de 2016 el entonces ministro de Salud Lemus dictó la Resolución 1464450/2016 mediante la cual se dispuso adquirir 600.000 dosis de la vacuna dTap (triple bacteriana acelular) del laboratorio GlaxoSmithKline Biologicals S.A.. La vacuna tiene como objeto el proteger contra la difteria, tétanos y tos convulsa, y es aplicada en mujeres gestantes y niños de 11 años de edad (tal como lo indica el Calendario Nacional de Vacunación).

Los vencimientos de las dosis operarían sucesivamente entre los meses de abril y agosto de 2018, según se consigna en un informe de la denuncia.

Prosiguiendo con el derrotero, se desprende del informe que el embarque arribó al país el 7 de diciembre de 2016, ingresando a la aduana, y permaneciendo en la “Terminal de Cargas Argentina S.A” (TCA), hasta el día 13 de julio de 2017, fecha en la que se realizó el despacho a plaza. Ese mismo día se trasladaron las vacunas al depósito del operador logístico, el Frigorífico Oneto.

En ese depósito se llevó a cabo la revisión física de la carga, de la que surgió que presentaba averías y frascos rotos (60 dosis), procediéndose a separar los envases averiados en una caja identificada como “cuarentena”.

El 28 de julio de 2017 el farmacéutico Eduardo Frydman recibió vía mail la lectura de sensores de temperatura, y dos días después, el 30 de julio de ese año, informó que los sensores que acompañaban la carga habían expirado en el mes de diciembre de 2016, por lo que correspondía ingresar todo el lote de la vacuna a cuarentena, hasta tanto se contase con los termogramas de las cámaras de la TCA.

“Surge de la investigación administrativa sustanciada en el ámbito del Ministerio de Salud, que no se han hallado los requerimientos de los termogramas de TCA, elemento de suma importancia para proceder a la distribución y posterior aplicación de las dosis adquiridas”, advierte la denuncia de la OA.

“Desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento”, agregó.

Para empeorar la situación, el 30 de julio de 2017, día en que se informó que los sensores que acompañaban la carga habían expirado en diciembre de 2016, aún le quedaban a las vacunas más de ocho meses de vigencia, en tanto el primer lote vencía el 30 de abril de 2018.

Sin embargo, según lo informado, las autoridades del Ministerio de Salud habrían omitido solicitar y analizar los termogramas de las cámaras de la TCA, información que de resultar adecuada y aun con las demoras descriptas, hubiera permitido su distribución y posterior inoculación conforme el Calendario Nacional de Vacunación. Ello no ocurrió y recién el 22 de abril de 2019, cuando las vacunas llevaban entre 7 y 12 de meses vencidas (considerando cada lote), fueron rechazadas por desvío térmico a través de un correo electrónico carente de toda fundamentación.

Paralelamente, se sustanció un segundo procedimiento, cuyo objeto resultó contratar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aproximadamente 40 toneladas de residuos peligrosos, los cuales conforme lo informado se encontraban almacenados en el Frigorífico Oneto.

En tal sentido, se ha detallado extensamente que dichas actividades irrogaron para el Estado nacional la inversión de al menos u$s6.951.404,03 la cual se conforma de la siguiente manera:

  •  Adquisición de Vacunas dTaP por u$s6.610.306.
  •  Almacenaje en TCA-AA2000 por u$s52.739,36.
  •  Almacenaje en Frigorifico Oneto y Cia. por u$s205.207,69.
  •  Disposición y Destrucción por u$s83.150,98.

“De las constancias remitidas por el Ministerio de Salud de la Nación y aquellas reunidas en el marco de esta investigación preliminar, se puede concluir -con el nivel de provisoriedad requerido para esta etapa- que los montos indicados se habrían abonado en perjuicio del erario público estatal”, se indicó en la denuncia de la OA.

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La recaudación tributaria aumentó 82 % en junio: llegó a $ 1.680.901 millones

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La recaudación tributaria durante junio alcanzó un billón 680.901 millones de pesos, lo que marcó una suba interanual del 82 %, informó este viernes el Ministerio de Economía, con lo que acumuló veintidós meses consecutivos con subas por encima de la variación de precios, un resultado que no se observaba desde el período 2011-2012.

Este aumento fue impulsado por el crecimiento del Impuesto a las Ganancias, y sobre los Bienes Personales, que más que duplicaron sus ingresos respecto al año pasado al crecer 109,8% y 108,2% respectivamente, y los recursos de la Seguridad Social, que aumentaron 83%.

Con la cifra de junio, la recaudación tributaria acumuló en el primer semestre del año un alza del 67,9% para sumar ocho billones 153.413 millones de pesos.

Desde el ministerio de Economía estimaron que los ingresos de este primer semestre del 2022 superaron en términos reales a los alcanzados en 2021 y a los años previos a la doble crisis (2018/2019 y pandemia Covid).

Los tributos del comercio exterior mostraron una suba del 25,5% interanual, en particular, los Derechos de Importación y tasa estadística, que registraron en conjunto un crecimiento de 63,9% para superar los $ 52.300 millones.

En tanto, los Derechos de Exportación se incrementaron en solo el 11,2%, para llegar a $ 95.800 millones. Economía destacó que este magro desempeño obedeció al “paro de transporte de carga que afectó a la normal actividad del sector agropecuario exportador”.

En cuanto al desempeño del Impuesto a las Ganancias, la suba fue de 109,8% para sumar poco más de $ 464.100 millones, y el de los Bienes Personales, avanzó 108,2% para llegar a 87.500 millones.

Otro gravamen que subió por sobre el promedio fue el Impuesto PAIS que se aplica a la compra de dólares para atesorar, que aumentó 260% para sumar $ 24.700 millones.

Lo percibido por los débitos y créditos bancarios también aumentó 90 % para alcanzar a $ 112.100 millones. Cabe aclarar que continúa vigente la exención de este impuesto para el sector Salud.

Por su parte el impuesto a los Combustibles aumento 32% a $ 36.000 millones afectado por la postergación en la actualización del valor del tributo.

El IVA DGI, vinculado a la actividad interna, avanzó 78% a $ 278.100 millones mientras que el relacionado con la Aduana subió 73,9% a 189.580 millones.

Los aportes Patronales subieron 84% a $ 183.900 millones, los personales 80% a casi $125.000 millones, mientras que oros relacionados con la seguridad social crecieron 90% a $ 9.000 millones.

“La evolución de estos tributos continúa afectada por las exenciones otorgadas por el Estado Nacional para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud, los sectores críticos del programa Repro 2 y las provincias del Norte Grande”, destacó el ministerio de Economía.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, destacó que “con un incremento superior al 82% en junio, la recaudación acumuló veintidós meses consecutivos con incrementos por encima de la variación de precios, es un resultado que no se observaba desde el período 2011-2012”.

“Recuperamos la recaudación tributaria como fuente genuina para implementar las políticas públicas que son necesarias para hacer frente a la crisis y para garantizar el financiamiento del Estado”, agregó la economista al participar en el II Seminario Internacional de Pobreza y Género que fue organizado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

En esa línea, manifestó que el Gobierno trabaja desde sus inicios “para revertir la regresividad de la estructura tributaria heredada tras la reforma de 2017 y ampliar el aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva”.

Y concluyó que “contar con un régimen tributario más progresivo a partir de las modificaciones de la ley de Solidaridad, la creación del Aporte Solidario y los cambios en Ganancias y Bienes Personales nos permite mantener la capacidad de financiamiento genuino del Estado sin acudir a la alternativa del endeudamiento”.

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Etchecolatz, represor de 21 centros clandestinos, murió a los 93 años condenado a perpetua

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Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor que durante la última dictadura militar ordenó la tortura y muerte en 21 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, murió este sábado a los 93 años, condenado nueve veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y su figura será recordada en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.

No obstante, no llegó a ser condenado por lo ocurrido con unas 500 víctimas por las que aún era juzgado en sendos juicios en La Plata y sin revelar el destino de la nieta apropiada Clara Anahí Mariani, a quien retiró en sus brazos tras acribillar a balazos a su madre, ni el del albañil y militante Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para que Etchecolatz recibiera, por primera vez en la historia judicial argentina, una condena por genocida.

Etchecolatz, quien falleció a las 5.30 de este sábado en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, partió sin arrepentirse de sus crímenes ni pedir perdón a sus víctimas; por el contrario, siempre justificó su accionar ante los tribunales federales que lo juzgaban y cuya competencia rechazaba.

Sin titubear, mirando a los jueces con sus ojos pequeños y oscuros y sus labios finos curvados en una sonrisa sarcástica que parecía una mueca, aseguraba: “Dicen que yo maté, usan esa palabra hiriente; y yo no maté, yo batí en combate que es distinto, yo respondí a la agresión con el personal que tenía, murieron muchos de los nuestros y de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados”.

Etchecolatz nació el 1 de mayo de 1929, en Nieves, una estación ferroviaria del partido bonaerense de Azul.

Tras un paso por la escuela pública y de estar pupilo en un colegio religioso de Olavarría, ingresó a la Escuela de Policía Juan Vucetich y poco después comenzó la carrera policial que lo acercaría al jefe de la Policía Ramón Camps, llegando a ser Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Estaba casado y tenía tres hijos; una de ellas, Mariana, quien pidió y obtuvo el cambio de apellido en un acto de repudio a lo que hizo su progenitor tanto en su rol policial como por la violencia que ejercía al interior de su familia, donde su sola presencia sembraba el terror; y ya como Mariana Dopazo no dudó en calificar a su padre como “la encarnación del mal en todos los ámbitos”.

Etchecolatz tuvo a su cargo 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, donde ordenó la tortura y muerte de miles de hombres y mujeres alojados allí, como lo determinaron las nueve condenas a cadena perpetua que recibió; la última en mayo de este año.

Fue el responsable de la desaparición de estudiantes secundarios de La Plata, en el hecho que se conoció como La Noche de los Lápices, y fue quien conocía qué pasó con Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida tras asesinar a su madre Diana Teruggi en un operativo de fuerzas conjuntas en la casa de la niña, en la ciudad de La Plata, el 24 de noviembre de 1976.

Por varios testimonios se pudo saber que, tras la intensa balacera contra la casa -que incluyó un obús que destruyó parte del frente-, un policía retiró a la beba de la vivienda y la entregó a Etchecolatz, que aguardaba en un vehículo y se la llevó, sin decir nunca a quien la entregó.

En 1986, Etchecolatz fue sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida.

En el 2001 se lo detuvo por el robo de una beba hija de desaparecidos, Carmen Sanz, nacida en el Pozo de Banfield, y fue condenado a 7 años de prisión y por su estado de salud, se le aplicó el beneficio del arresto domiciliario que le fue revocado en junio de 2006, al constatarse que poseía un arma de fuego en su domicilio.

En el 2004, en el marco del juicio que se siguió al médico de la policía Jorge Bergés, Etchecolatz fue condenado a 7 años de prisión, sentencia que fue recurrida, reduciéndose a 3 años.

En el 2006 comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, donde se oyó uno de los testimonios más conmovedores y precisos sobre el accionar de Etchecolatz en los centros clandestinos a su cargo: fue el que brindó el albañil Jorge Julio López.

El albañil, que desapareció en el marco de ese juicio el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para ir a escuchar los alegatos del juicio, no dudó en afirmar al declarar que Etchecolatz “era un asesino serial, no tenía compasión”.

El 19 de septiembre de 2006 fue condenado a reclusión perpetua por “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, imputación que se aplicó por primera vez en el país.

En el 2011 fue condenado por el accionar represivo y el genocidio aplicado en lo que se denominó Circuito Camps.

En el 2013, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó estas tres condenas por delitos de lesa humanidad que recibió Miguel Etchecolatz en una única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua.

Mientras se leía la sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de dos décadas de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.

En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición en junio de 1977 de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez, aunque le fijó una pena única de prisión perpetua debido a las sentencias anteriores que ya existen en su contra.

A pesar de tener tantas condenas por genocida, Ertchecolatz seguía siendo policía de la provincia de Buenos Aires y recién en agosto de 2017 fue exonerado de la fuerza policial provincial. Cuando le fue notificada su exoneración, Etchecolatz firmó y debajo escribió “prisionero de guerra”.

En octubre de 2018 fue condenado a perpetua por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.

En el 2020 sumó otra condena a perpetua por los secuestros, torturas y muertes a detenidos alojados en la Brigada San Justo y finalmente, en mayo de este año se lo condenó a perpetua por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.

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Oficializan los nuevos sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas

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A través de la resolución conjunta 5/22 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó este viernes los nuevos sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas. La medida lleva la firma de los ministros Jorge Taiana (Defensa) y Martín Guzmán (Economía).

La medida autoriza un primer aumento que comenzarán a percibir los miembros de las tres fuerzas a partir de julio y un segundo plus que se adicionará a partir de octubre. Además, se estipulan las subas que seguirán en enero y marzo del 2023. El incremento también alcanza a la Policía de Establecimientos Navales.

Según el texto oficial, la nueva escala de haberes busca reconocer “una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”.
Con los nuevos aumentos, el cargo más bajo que corresponde a un voluntario o marinero de “segunda”, o un “aspirante” percibirá desde julio $66.769. En tanto, esa suma crecerá a $73.062 en octubre y a $78.280 en enero de 2023. Ya en marzo será de $83.499.
En tanto, el salario más elevado será de $307.449 a partir de julio y de $336.272 en octubre. Se trata de una suma que percibirán tenientes generales, almirantes y brigadieres generales. En enero, esos cargos recibirán un sueldo de $360.292 y en marzo de $384.311.
El personal de las Policías de Establecimientos Navales también recibirán una suba similar. Un agente segunda, el menor cargo en la escala, percibirá desde julio $36.387, en octubre, $40.324 a partir de octubre, $43.204 desde enero, y $46.804 a partir de marzo del año entrante.
Con el mismo criterio, se dispusieron subas para el personal del Servicio Penitenciario, mediante una decisión que Guzmán firmó con su par de Justicia, Martín Soria. La resolución conjunta 4/22 dispuso incrementos en los haberes mensuales y en los adicionales “Fijación de Domicilio”, “Variabilidad de Vivienda”, “Título Académico”, el suplemento particular por “Zona Sur”, el régimen de viáticos, el complemento particular “Función Ejecutiva” y los importes correspondientes a “Resarcimiento de Gastos” y “Reintegro de Gastos de Sepelio”.

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