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Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de Educación a distancia

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La Cámara de Diputados aprobó  por amplia mayoría el proyecto que permite la educación a distancia de los menores de 18 años cuando exista una emergencia y así lo habiliten el Ministerio de Educación y cada una de las jurisdicciones, como ocurre ahora con las restricciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia del coronavirus.

En la sesión sesión especial virtual, conducida por su presidente Sergio Massa, el plenario legislativo aprobó la iniciativa por 248 votos contra dos de la izquierda, y fue girada en revisión al Senado Nacional.

El proyecto amplía el artículo 109 de la ley de Educación para permitir la educación a distancia a menores de 18 años -ya que solo se habilitaba a los adultos y escuelas rurales- cuando existan razones excepcionales que no se pueda realizar el ciclo lectivo en forma presencial.

En ese sentido fija que “excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos, será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años”.

La normativa determina que para aplicar esta metodología de estudio “deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y de conectiviad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad”.

La presidenta de la comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), señaló que se mantiene el artículo 109 de la ley de Educación en el cual se establece que “la educación a distancia está dirigida a mayores de 18 años y escuelas rurales” y solo se habilita a menores en “situaciones excepcionales”.

La diputada entrerriana del destacó: “Ratificamos la importancia de la institución escolar en el proceso educativo” y denunció que “esta crisis desnuda la inequidad y de injusticia cuanto al acceso a la conectividad, y el Estado es el que deberá ofrecer esta herramienta”.

La vicepresidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Victoria Morales Gorleri (PRO-Juntos por el Cambio), resaltó la importancia del proyecto de ley de Educación a distancia, al considerarlo como “una buena herramienta en el marco de la excepcionalidad” y celebró el consenso alcanzado en torno a la iniciativa.

La legisladora subrayó que “se ha dado un diálogo muy interesante en el marco de la comisión y se ha logrado llegar a un acuerdo sobre un texto consensuado, para modificar el artículo 109 de la Ley Nacional de Educación, una norma que defendemos y respetamos.

El diputado radical puntano José Riccardo indicó que “el objetivo es que la opción pedagógica de la educación a distancia pueda llevar a todos los niveles de la educación obligatoria, impedido por la actual redacción del artículo 109”

Riccardo señaló que esta ley busca encontrar alternativa a la suspensión de clases ya que “somos conscientes de que quizás sea el último sector en recuperar la normalidad” y destacó que el proyecto pretende “proveer a nuestros niños, niñas y jóvenes de los recursos tecnológicos y de la conectividad, ampliándose el derecho tan fundamental de la educación” .

Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla criticó el proyecto al sostener que “no es necesario modificar esta legislación porque alcanza con los tenemos”, y reclamó tratar “la conectividad gratuita a todos los estudiantes y la situación de los docentes”.

El diputado del Frente de Todos y sindicalista docente, Hugo Yasky, destacó el “enorme esfuerzo de los docentes para garantizar la continuidad pedagógica” del ciclo lectivo y pidió “hacer un reconocimiento a los docentes que reparten casa por casa los cuadernillos” en aquellos hogares que no pueden acceder al sistema tecnológico.

“Si algo podemos estar seguros es que necesitamos más inversión en educación, salud y más Estado”, apuntó.

En tanto, diputada Mara Brawer destacó la “posibilidad de desarrollar opciones pedagógicas a distancia debe responder a situación de excepcionalidad y con propósitos de transitar las dificultades concretas que se hayan presentado”.

En tanto, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló que “estamos proponiendo con la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional darle al Ministerio de Educación un instrumento de política educativa para el desarrollo del proceso en una situación claramente de excepcionalidad”.

Fracasó el intento opositor para debatir la derogación de facultades del PEN

El bloque de diputados del Frente de Todos frustró la propuesta de Juntos por el Cambio de debatir un proyecto para derogar artículos del Decreto 457/20 del Poder Ejecutivo sobre la ampliación del Presupuesto.

Se trata de una normativa promulgada por el gobierno nacional que suspendió por un año las limitaciones impuestas en la ley de Administración Financiera para la reasignación de partidas presupuestarias.

El interbloque opositor -que conduce Mario Negri- pidió un apartamiento del reglamento para debatir la derogación de los artículos 4 y 6 de ese decreto, pero no logró el respaldo de los tres cuartos de los diputados presentes en la sesión, ya que el oficialismo junto con aliados provinciales consiguió 127 votos contra 118 de Juntos por el Cambio.

El pedido fue formulado por el radical Gustavo Menna, quien señaló que “hubo un claro apartamiento de la Constitución por parte del Poder Ejecutivo al dictar el decreto 457/20, que avasalla las competencias de este Parlamento y en el cual se reimplantan los superpoderes”.

“Es una norma que pone en cuestión una atribución, tal vez la más importante del Poder Legislativo, que es aprobar la ley del Presupuesto. Nadie puede dudar que es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación”, sostuvo Mena.

Subrayó que, “sin embargo, este decreto delega en el jefe de Gabinete, la atribución de trastocar el destino de las partidas, el destino de la asignación de los recursos públicos, en desmedro de lo que es una competencia del Congreso”.

La utilidad de las cuestiones de privilegio se coló en el debate

La polémica se dio en el recinto de la Cámara baja cuando se presentaron las diferentes cuestiones de privilegio y tras un planteo realizado en primer término por el presidente del bloque de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón.

En el marco de la sesión, Ramón presentó una cuestión de privilegio contra el titular de la UCR y ex gobernador de Mendoza, el diputado del radicalismo, Alfredo Cornejo, a quien acusó de “impulsar” en esa provincia el “desafuero” de un senador provincial.

Ese planteo fue rechazado por el titular del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien advirtió: “No se puede seguir desvirtuando las cuestiones de privilegio: el legislador no se ha visto agraviado en ningún punto en su investidura. Es parte de una discusión política que tenga en Mendoza”.

“Tengamos cuidado porque vamos a usarlas para plantear cuestiones de privilegio que no tienen relevancia en este recinto. Pensamos cuando comenzó a hablar que estaba afectando algún privilegio pero es improcedente, ni corresponde que pase a una comisión”, aseveró Negri

Ese cruce generó la intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien advirtió sobre “el mal uso político” de ese instrumento parlamentario y recordó que las cuestiones de privilegio se presentan “cuando se ven afectados los privilegios de algún diputado”.

“Nos van a obligar a sacarlas para que nadie las termine utilizando para plantear cualquier cosa: tenemos la idea de ir consolidando las intervenciones para no trasformar un instrumento que tiene el diputado para defenderse en una cuestión de mal uso político”, afirmó Massa, quien aclaró: “No se responden las cuestiones de privilegio pero tampoco corresponde el planteo”.

En ese marco, y en medio de esa polémica, pidió la palabra el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, quien presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Alberto Fernández, por considerar “agraviantes y ofensivas” las palabras del mandatario por haber hecho referencia a la “oposición tuitera” y lo acusó de “limitar” su función de legislador desde que asumió su gestión.

Iglesias afirmó además que “es función de esta cámara el control del poder: Hemos presentado innumerables pedidos de informes sobre actos de corrupción que no han respondido”, aseveró el diputado y reiteró el reclamo de esa bancada para que concurra al Congreso el Jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero.

Tras ese planteo, Massa informó a los diputados y en el marco de la sesión plenaria, que Cafiero concurriría en junio próximo a la Cámara de Diputados a brindar su informe de gestión, mientras que la última semana de mayo haría lo propio ante el Senado de la Nación.

Telam

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Plazos Fijo: a partir de qué monto los bancos le informan a la AFIP

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Los bancos tienen la obligación de informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los movimientos de las cuentas y las tarjetas de los usuarios a partir de un monto mínimo.

A su vez, el Banco Central subió la tasa de interés que impacta directamente en el plazo fijo. De esta manera, el dinero que se puede depositar sin declarar en Argentina es de 90 mil pesos mensuales.
A partir de marzo, el plazo fijo tradicional rinde un 6,41% en 30 días, aunque esta tasa que sigue estando por debajo del índice de inflación de febrero que el publicó el INDEC: 6,6%.
¿A partir de qué monto los bancos deben informar a la AFIP?
La AFIP en su última actualización subió el monto de $30.000 a $90.000 la cifra mínima para que los bancos informen sobre las acreditaciones, extracciones, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo.
Este monto es mensual y no se limita únicamente a los plazos fijos, sino que también abarca a: los depósitos, las transferencias recibidas y los saldos en cuenta.
De esta forma si, si se realizan depósitos en una cuenta de más de $90.000 es muy probable que el banco solicite que se justifiquen los fondos. En caso de que esto suceda, lo hará vía email y solicitará la documentación que justifique los movimientos, como por ejemplo: facturación de los últimos 6 meses, recibo de sueldo, recibo de haberes jubilatorios, certificado de ingresos emitido por un contador público, entre otros.
En caso de que el usuario no pueda justificar total o parcialmente sus movimientos en cuenta, es probable que el banco elabore un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

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Autorizan un aumento del 3,22% en la harina

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La Secretaría de Comercio fijó nuevos precios de referencia sin impuestos de la harina a la salida del molino, a través de la Resolución 269/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, en el marco del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
Así, los valores que regirán desde hoy para las bolsas de 25 kilogramos quedaron establecidos en $1.764 para la harina 000 y en $2.117 para el tipo 0000; en tanto que para la harina tapera y semolín se fijó en $2.293.

En el caso de la tonelada, se estableció en $69.237 para la harina 000 y en $83.092 para la 0000; y para tapera y semolín $90.000.
Los nuevos precios representan un aumento de 3,22% respecto al último incremento fijado a mediados de febrero pasado.
Las subas tienen en cuenta como referencia las variaciones del precio FAS del trigo en un 40%, la de la inflación mayorista en un 30% y la de los salarios en el otro 30%.
Los precios son sin impuestos, a la salida del molino, sin costos de entrega, y a ellos se les debe incorporar los siguientes costos logísticos por región: ciudad y provincia de Buenos Aires, 3,50%; Centro, Cuyo y Litoral, 5,50%; NEA y NOA, 7% y Patagonia, 10,5%.
El aumento de hoy –señalan los considerandos- es “consecuente con la evolución del resto de los componentes del costo de los productos derivados de la harina de trigo” y se ubica en línea con las actualizaciones mensuales previstas por el programa Precios Justos.
El FETA se dispuso mediante el Decreto 132/2022 del 19 de marzo del año pasado, “debido el aumento sostenido del precio de los alimentos” que “impactó fuertemente en el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados a partir del inicio del conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania”.
La implementación de los precios subsidiados procura garantizar un valor de referencia para el trigo en el mercado interno, “que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan”.
El incremento de los precios de referencia de este mes, señala la resolución en sus considerandos, busca “mejorar el impacto de la herramienta tanto en la estructura de costos como en el producto al consumidor”.
Para ello, es “necesario aumentar la oferta de la harina con compensación en el mercado y, asimismo, actualizar sus valores para que sean consecuentes con la evolución del resto de los componentes del costo de los productos derivados de la harina de trigo”.
La financiación del fondo se obtiene a partir de lo recaudado tras la quita en marzo del año pasado del diferencial en las retenciones que tributaban los productos industrializados de soja respecto del poroto, equiparándose en el 33% que tributa este último.

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Lanzan paro en todos los aeropuertos del país

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Personal de la administración de la aviación civil lanzó un paro total por 24 horas en todos los aeropuertos del país por reclamos laborales y mejoras salariales, en la previa al inicio de la próxima Semana Santa.

Según informó la organización gremial ATE-ANAC, el próximo miércoles 5 de abril se realizará una huelga total en la Administración Nacional de Aviación Civil, lo que provocará una paralización de todos los vuelos de cabojate e internacionales que operen en el país.

El reclamo incluye el incumplimiento en los plazos de la mesa paritaria, en la que se había acordado convocar a una nueva reunión para esta semana. “Al día de hoy, la oficina de Empleo Público no cumplió con los plazos acordados en relación a la modificación de la asignación por desempeño, yendo a un criterio de 1,5% por año y a la suba de la unidad retributiva 20% por encima de la paritaria general”, explicaron los dirigentes gremiales.
Por otro lado, explicaron que “no fueron resueltos temas que habían sido acordados luego de la última Conciliación Obligatoria y que en muchos casos el Director General de Legal, Técnico y Administrativo se había comprometido en persona”.
Sin estos servicios, la operación se verá afectada en 54 aeropuertos, causando demoras y cancelaciones frente al fin de semana largo que va desde el jueves 6 al domingo 9 de abril.

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