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El Frente de Todos busca acelerar el juicio político a Conte Grand

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El Frente de Todos buscará en la semana que se inicia acelerar los trámites para impulsar el juicio político del procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, en una de las derivaciones del escándalo originado tras la difusión del video en el cual el por entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hablaba de una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.

El oficialismo impulsa el juicio político a Conte Grand en la Legislatura, pero a diferencia de lo que ocurrió en el debate sobre la reelección de intendentes, en el que la coalición opositora votó partida, en la defensa del procurador se muestra unificada.

La mesa provincial de Juntos emitió incluso una declaración en la que acusó al FdT de “intentar desestabilizar y forzar la renuncia” del titular del Ministerio Público bonaerense.

“En mi Gobierno no hubo ni Mesa Judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie”María Eugenia Vidal

Conte Grand, en tanto, ya fue citado para el martes 18 de enero por la subcomisión de la Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia que se creó para investigar la operatoria de ‘prearmado’ de causas judiciales contra gremialistas con participación de exespías de la AFI, funcionarios y representantes del Poder Judicial.

Los legisladores del oficialismo quieren preguntarle por los dichos de Villegas que se escuchan en la grabación de video hallada en un disco de archivo de la AFI, en particular por una expresión del exministro de Trabajo en una reunión del año 2017 en la que aseguraba haber chequeado “con la Procuración, con la fiscalía, con el juez” sobre la conveniencia de “preconstituir” denuncias judiciales contra líderes de sindicatos.

Para avanzar con el juicio político a Conte Grand, el FdT necesita 18 votos adicionales a los que ya tiene en la Cámara de Diputados provincial y, de ese modo, alcanzar el número mínimo que se requiere para tratar el pedido sobre tablas: esto es, necesita una mayoría compuesta por los dos tercios del cuerpo.

En tanto, el Senado bonaerense se reunirá el martes próximo para responder lo pedido por el Juzgado Federal de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, quien hace cuatro días solicitó el allanamiento de las oficinas del senador provincial Juan Pablo Allan, del bloque de Juntos, electo por la octava sección electoral (que comprende a la capital bonaerense) y un hombre cercano al intendente local, Julio Garro.

Tanto Allan como el propio Garro estuvieron presentes en la reunión de 2017 que se celebró en una sede porteña del Banco Provincia en la que el exministro bonaerense Villegas analizaba cómo prearmar causas contra gremialistas, sobre todo al extitular de la UOCRA platense, Juan Pablo “Pata” Medina.

En cuanto a la frase de Villegas sobre la necesidad de una “Gestapo” que actúe contra los gremios, Vidal dijo que “no constituye delito”

Esa reunión fue registrada por una cámara y la grabación almacenada en un disco que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció haber hallado entre material en desuso de la ex SIDE, para luego hacer una presentación en la Justicia Federal de La Plata una vez que comprobó de qué trataba el contenido.

En la filmación se ve a tres funcionarios de jerarquía de la agencia de inteligencia en tiempos de Cambiemos, Darío Biorci, Juan Sebastián De Stefano y Diego Dalmau Pereyra.

En el caso del allanamiento a las oficinas del diputado Allan, el propio legislador ya se había puesto a disposición del juez Kreplak y es probable que se habilite el acceso judicial a su despacho, lo que primero debe ser votado formalmente por el Senado bonaerense.

En el plano político, la exgobernadora María Eugenia Vidal rompió hace dos días el largo silencio que se había impuesto tras la difusión del video que captó lo que se conversó en la reunión, como de sus derivaciones judiciales y políticas.

El partido fundado por Mauricio Macri atribuyó la saga de revelaciones a “otra operación judicial del Frente de Todos con el fin de deslegitimar la lucha contra las mafias que impulsó el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia”

“En mi Gobierno no hubo ni Mesa Judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie. Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia, no por mi Gobierno; con pruebas claras y concluyentes”, señaló para defenderse.

En cuanto a la frase de Villegas sobre la necesidad de una “Gestapo” que actúe contra los gremios, Vidal la consideró “repudiable e injustificable”, aunque dijo que “no constituye delito”, y recordó que el exfuncionario “pidió disculpas, no solo públicamente, sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías para pedir disculpas en privado y personalmente”.

Por otro lado, la exgobernadora y actual diputada por la CABA reprochó que Caamaño “haya tardado dos años en encontrar el video” y que la denuncia se haya presentado “frente a un juez que es incompetente, de la ciudad de La Plata (por Ernesto Kreplak) cuando el hecho ocurrió en Capital Federal”.

Llamativamente, las demás fuerzas de la coalición opositora -la UCR, la Coalición Cívica- prefirieron el silencio y evitaron pronunciarse sobre un hecho incómodo

Los detalles de esta cuestión sobrevolaron el encuentro que mantuvo esta semana la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio por la plataforma Zoom, aunque luego fue solo el PRO el que salió a defenderla públicamente.

A través de un comunicado, el partido fundado por Mauricio Macri atribuyó la saga de revelaciones a “otra operación judicial del Frente de Todos con el fin de deslegitimar la lucha contra las mafias que impulsó el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia”.

Llamativamente, las demás fuerzas de la coalición opositora -la UCR, la Coalición Cívica- prefirieron el silencio y evitaron pronunciarse sobre un hecho incómodo.

Acaso una excepción fue la diputada Margarita Stolbizer, quien remarcó que “es necesaria una investigación hasta las últimas consecuencias”, para “esclarecer” el episodio y “determinar responsabilidades”, aunque en paralelo hizo equilibrio al definir a Vidal como una “víctima de las cuestiones de espionaje durante el gobierno de (Mauricio) Macri”.

Mientras observan los cruces internos de la oposición, en el oficialismo proyectan avanzar judicialmente sobre la responsabilidad de Conte Grand al tiempo que descreen de los planteos que esboza Vidal para mostrarse ajena al escándalo

Ese formato de declaraciones, que combinan críticas a la línea dura del macrismo con una ratificación de la pertenencia opositora, tuvieron otra muestra en los dichos del gobernador Gerardo Morales sobre la negociación con el FMI.

Sucede que esta semana el jujeño generó un fuerte revuelo dentro de JxC al decir públicamente que la oposición tenía que aceptar la convocatoria del Gobierno para analizar la marcha de la negociación con el Fondo, ya que la deuda se había contraído durante la gestión de Macri.

Morales tiene la vista puesta en 2023, cuando piensa encarnar la candidatura presidencial de la UCR, y cree que es necesario diferenciarse de la gestión de Macri en algunas cuestiones emblemáticas, como el endeudamiento.

Mientras observan los cruces internos de la oposición, en el oficialismo proyectan avanzar judicialmente sobre la responsabilidad de Conte Grand al tiempo que descreen de los planteos que esboza Vidal para mostrarse ajena al escándalo.

Caamaño, la interventora de la AFI, lo resumió así: “Me parece que la couchearon durante diez días para que salga ayer (por el jueves) nuevamente, como nos tienen acostumbrados los de Juntos por el Cambio a negar y tergiversar todas las cosas”, señaló en declaraciones a Télam.

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El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias

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El Gobierno nacional tiene previsto publicar este martes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 1 al 28 de febrero, con el objetivo de tratar una agenda parlamentaria que incluirá la reforma del Consejo de la Magistratura y una serie de iniciativas económicas, informaron fuentes del oficialismo.

Los detalles de la agenda que impulsará el Poder Ejecutivo -la única que se puede tratar en sesiones extraordinarias- se terminarán de definir en las próximas horas, y por ese motivo el presidente Alberto Fernández estuvo analizando varios aspectos del decreto de convocatoria con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

En ese marco, el jefe de Estado publicó el viernes en su cuenta oficial de Twitter una foto de su reunión con Ibarra a la que acompañó con la frase “me reuní con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Definimos y ordenamos el temario de proyectos para el llamado a las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional”.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había adelantado hace algunos días que la intención oficial era publicar este martes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero.

Fuentes oficiales señalaron que uno de los proyectos centrales de esa agenda será la reforma del Consejo de la Magistratura ya que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley aprobada en 2006 que redujo de 20 a 13 los miembros del organismo tripartido encargado de seleccionar jueces, aplicar sanciones o remover magistrados.

El Gobierno quiere elevar de 13 a 17 los miembros el Consejo de la Magistratura para aumentar la representación de los jueces de tres a cuatro, de los abogados de 2 a 4 y de los académicos y científicos de uno a dos.

Si el proyecto que se encamina a enviar el PEN reúne los votos suficientes en el Parlamento, el organismo quedaría integrado por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.

Para sancionar el proyecto el oficialismo deberá enhebrar acuerdos con la oposición, que es la primera minoría en las dos cámaras del Congreso, y esa iniciativa se debe votar con una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

El Frente de Todos tiene 117 votos en Diputados -ya que el titular del cuerpo Sergio Massa solo vota en caso de desempate- y en el Senado 35, por lo cual deberá contar con el voto de los bloques de la oposición.

De todos modos, el oficialismo aspira a consensuar este proyecto con Juntos por el Cambio -que también ya presentó sus propias propuestas- y otros bloques opositores, ya que quiere que se sancione con un respaldo mayoritario, informaron fuentes parlamentarias.

INICIATIVAS ECONÓMICAS

Además de este proyecto institucional, el oficialismo buscará incluir en el temario de sesiones extraordinarias un conjunto de iniciativas económicas que ya se encuentran en el Congreso, con el objetivo de apuntalar el desarrollo económico.

Uno de los proyectos que aspira a tratar es la creación del Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, cuyo objetivo es consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones, generar 700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector hasta 2030 e incorporar tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos.

Esta iniciativa permite una amortización acelerada y la devolución de IVA para nuevas inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago del Impuesto a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable a partir de un crédito fiscal del 50% de su valor.

En la agenda podría figurar el proyecto de Promoción de la Movilidad Sustentable, que prevé generar en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y crear más de 21.000 puestos de trabajo.

Otro proyecto económico que aún está pendiente es la iniciativa que promueve la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, que es un mercado que viene creciendo en el mundo ya que se utiliza para fines medicinales y terapéuticos.

El texto impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado por el Senado y obtuvo dictamen en noviembre en Diputados, pero ese despacho perdió estado parlamentario el pasado 10 de diciembre.

El proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

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Matías Kulfas tiene COVID-19 y lo detectó por autotest

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El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó anoche que se contagió de coronavirus, detectado por un auto test, y explicó que aunque tiene “síntomas leves” y hasta tanto le hagan el estudio PCR se mantiene “aislado”.
A pesar de que los auto test aún no están disponibles en el país, Kulfas explicó que el instrumental “lo tenía desde cuando regresó de la cumbre climática en Glasgow donde a cada participante acreditado en la reunión, le entregaban siete tests”, informaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Matías Kulfas señaló que en ocasión de la reunión en Glasgow “uno de los requisitos para entrar era hacerse una prueba por cada día de participación porque la cumbre duraba 7 días”.
“Como toda la comitiva argentina participó sólo de dos días de la cumbre me traje los que sobraron y los tenía en mi casa”, precisó Kulfas.

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Dos correos comprometen al gobierno de Vidal en el espionaje

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Dos correos electrónicos exhiben la trama. En ambos casos quien los envió fue la secretaria de la dirección del Banco Provincia (Bapro), en aquel entonces a cargo del macrista Juan Curutchet. Quien los recibió fue el jefe operativo a cargo del Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicado en séptimo piso del edificio tradicional del banco. La indicación era concreta: poner a disposición el SUM los días 14, 15 y 16 de junio de 2017, por pedido del gobierno bonaerense. La reunión de la “Gestapo” macrista se hizo el 15 de junio. Pero la solicutud del SUM no se hizo para una reunión. La administración de María Eugenia Vidal pidió zona liberada para que los técnicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pusieran las cámaras y micrófonos el 14, se llevara a cabo la reunión en la que los funcionarios bonaerenses, los directores de la AFI y los empresarios pusieron en marcha una trampa a Juan Pablo “Pata” Medina el 15 y también para que los técnicos de la AFI desarmaran el aparato de espionaje el 16. Estos correos electrónicos explican la trastienda de lo que ocurrió. Los técnicos de la AFI y los participantes del encuentro de la Gestapo fueron todos recibidos en la puerta del Bapro y entraron y salieron de manera clandestina, sin dejar sus nombres ni documentos de identidad.

Sumario en el Banco

Las actuales autoridades del Bapro, encabezadas por Juan Cuatromo, revisaron los archivos para ver cómo se hicieron las cosas que derivaron en el encuentro del 15 de junio. Era evidente que debía haber alguna comunicación oficial, porque el 14, una señorita vestida de azafata recibió a los técnicos de la AFI en la entrada de planta baja, los hizo ingresar violando todas las normas de seguridad de un banco y los llevó al SUM para que colocaran cuatro cámaras y dos micrófonos en el techo. Lo mismo ocurrió al día siguiente cuando llegaron los participantes de la reunión y otro tanto sucedió el 16, nuevamente con los hombres de la AFI. El domingo pasado, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que los hechos eran gravísimos y que debía haber una investigación: “es una deuda que tenemos”. A esa hora ya estaba en marcha un sumario interno de la máxima importancia.

Los mails

Lo que se encontró en los archivos son dos correos electrónicos enviados por una secretaria de la dirección del banco, a cargo de Juan Curutchet. Este diario intentó comunicarse con el exfuncionario sin resultados. Los mails están dirigidos al jefe operativo que manejaba el uso del SUM. En los textos, se reservó el salón por tres días a pedido de la gobernación bonaerense. Esa documentación será entregada al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que es quien investiga el espionaje ilegal y el armado de causa.

Lo que no aparece es ningún correo en el que una secretaria o secretario de Vidal o de alguno de sus ministros le pidiera la cesión del salón a Curutchet. Todo indica que eso se hizo verbalmente. Pero el pedido hacia adentro del Bapro se concretó por escrito. Y eso está documentado en los mails entre la secretaria de dirección y el jefe operativo.

La investigación

El Bapro puso en marcha un sumario interno que seguramente llevará a conclusiones importantes:

* Es muy probable que se pida la declaración de la secretaria de dirección que mandó el mail con la orden de ceder el salón tres días.

* También se establecerá quién fue la señorita, vestida de azafata, que hizo entrar a los técnicos el día 14 para que colocaran las cámaras y micrófonos. Ella los recibió en la puerta, los hizo ingresar sin registrarse y los llevó hasta el séptimo piso. Parece obvio que se le preguntará quién dio la orden, porque es seguro que la mujer no tenía poder de decisión.

* Habrá que ver si fue esa joven o fue otra la que hizo entrar a los 15 invitados a la reunión del 15. A la chica se la ve en las imágenes grabadas por la AFI y es la persona que hace ingresar a todos evitando el registro. La imagen de la azafata se ve claramente en el video de la Gestapo. No es difícil identificarla.

* También tendría que quedar claro si la misma joven es la que recibió a los técnicos de la AFI para que desarmaran la estructura el día 16.

* Se cae de maduro que será citado el jefe operativo a cargo del uso del SUM.

Como se ve, buena parte de la trama puede ser reconstruida.

Lo que se dijo

Los argumentos de Vidal y del ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas se caen a pedazos. Ya de antemano resultaba impensada la presencia de dos ministros -Villegas y el de Infraestructura, Roberto Gigante- un intendente clave, el de La Plata, Julio Garro, y un senador macrista, Juan Pablo Allan, sin que el encuentro haya tenido el visto bueno de la gobernación.

Y la mano de la administración Vidal no se vio solamente en la convocatoria, sino que también se refleja en lo que hablaron: Villegas no participó como un espectador que escuchaba y nada más. Tuvo un papel activo y dijo, entre muchas otras cosas: “hay cuestiones que ustedes entenderán también que es por una cuestión de preservación de ustedes mismos hay cosas que no podemos compartir que son parte del backoffice de todo esto. Y hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial, o sea no estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de Justicia, un senador, funcionarios del Gobierno Nacional si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial. No los estamos invitando a un carnaval para ver que sale, digamos”. O sea, Villegas es protagonista, le pide a los empresarios que paren las obras, que los gremialistas de Medina reaccionarían, la AFI iba a filmar “y la cuestión judicial está asegurada”, es decir que tenían todo arreglado con el procurador Julio Conte Grand.

Casa Rosada

Por supuesto que también la iniciativa fue del gobierno nacional de Mauricio Macri: la presencia -inédita- de tres altos directos de la AFI lo evidencia. Casi por primera vez en la historia concurrieron a un encuentro el director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra; el jefe de Gabinete, Darío Biorci y el director de Legales, Sebastián De Stéfano. Las agencias de inteligencia de todo el mundo no suelen mostrar a sus altos mandos y en este caso exhibieron -ante empresarios que conocían poco y nada- no a uno, sino a tres jefes.

El impulso del gobierno de Macri se ve también en el insólito despliegue de cámaras y micrófonos que se hizo y en que el video apareció en una computadora de la AFI, es decir en la agencia que manejaba Gustavo Arribas, uno de los más cercanos amigos del expresidente.

En este terreno resulta grave que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haya dicho que no le están pidiendo la renuncia a De Stéfano en su cargo en el Sbase (Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires), que depende de la administración Larreta “porque no cometió ningún delito, solo estuvo en una reunión”. Por de pronto, la fiscal lo imputó, como a todos los demás participantes del encuentro, como hizo también con la propia Vidal. La reunión del Bapro fue para tenderle una trampa a dirigentes gremiales, armarles una causa y meterlos presos: eso es delictivo según lo admitió Ricardo Gil Lavedra, integrante de Juntos por el Cambio.

La asociación

Los correos electrónicos encontrados en el Bapro demuestran que los dos gobiernos -nacional y bonaerense- operaron en conjunto. Larreta y Vidal sostienen, de palabra, que “Macri no tuvo nada que ver”. Y ellos mismos afirman que no sabían que los tres hombres que estaban en la reunión eran de la AFI. Ahora queda claro que el SUM –que este martes será inspeccionado por legisladores de la Comisión Bicameral de Inteligencia– se utilizó por pedido del gobierno bonaerense, que la grabación y el sonido corrieron a cargo del gobierno nacional vía la AFI, y que todos en conjunto apostaron a más detenciones, armados de causas y tapas de diarios para tapar la política económica de los tarifazos, el endeudamiento y la fuga de capitales a paraísos fiscales.

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martes 25 de enero de 2022
Edicion numero 3677 Mes 131 Año 10

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