El periodico austral

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El Gobierno respalda una intervención sin expropiación de Vicentin, aseguró Perotti

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El gobernador de Santa Fe adelantó que se impulsará una presentación ante la Justicia para que la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas del distrito, se constituya como “administradora de la empresa.

El Gobierno nacional respaldó un proceso de intervención “sin expropiación” de la empresa cerealera Vicentin, según reveló esta noche el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, tras una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos.

El gobernador santafesino le presentó a Fernández un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, solicitará a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la “conformación de un Órgano de Intervención” durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.

Se trata de una “alternativa superadora” a la propuesta que el Gobierno nacional dispuso mediante el DNU 552, ya que si bien prevé una intervención en la conducción de la cerealera no contempla la alternativa expropiatoria con la cual se pensaba avanzar mediante su análisis en el Congreso, el punto más resistido desde distintos sectores empresariales.

Según la propuesta, que Perotti aseguró fue “consensuada con el presiente”, el nuevo órgano de conducción debería estar integrado por los dos interventores propuestos por el Poder ejecutivo, Roberto Gabriel Delgado y Luciano Zarich, y sumaría a Alejandro Alberto Bento, a propuesta de la provincia.

Sobre el alcance de la intervención, el proyecto expone que “se trata de asumir las funciones de administración y representación, desplazando al directorio”.

Esta posibilidad que acercó el gobernador santafesino ya se venía trabajando en los últimos días, aunque se dio a conocer pocas horas después de que el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, restituyó la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Ejecutivo.

Perotti expresó esta noche que el presidente “acompaña” su propuesta porque “su mayor deseo es que la empresa sea rescatada y quede en manos de los argentinos”, en declaraciones posteriores al canal de noticias C5N.

El gobernador manifestó su deseo de que la Justicia resuelva “en el menor tiempo posible” para que Santa Fe pueda poner “manos a la obra dentro del concurso, en resguardo de los intereses legítimos de los trabajadores, acreedores, pequeños y medianos productores, la provincia de Santa Fe”.

En el fallo dado a conocer pasado el mediodía, el juez Lorenzini a la vez se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.

Según el escrito, al que accedió Télam, la medida regirá por 60 días y podrá ser eventualmente prorrogada por un nuevo plazo.

A la vez, el juez que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora, corrió vista a los interventores por un plazo de cinco días para que “puedan contestar la demanda y efectuar los planteos que juzguen necesarios”, y le pidió que se expida a la Sindicatura del concurso.

La resolución de Lorenzini, adoptada a partir de un planteo de un grupo de accionistas de Vicentin sobre la presunta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención, establece que “los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos por la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”.

Además, resolvió que los “interventores designados en el DNU 522/2020 podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.

En sus fundamentos para restituir la administración de Vicentin SAIC a sus directivos, Lorenzini resaltó que se está “en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos”.

Además, señaló que “su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”.

Para el juez, la intervención “ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse” ya que amenaza “con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial”.

Vicentin SAIC se declaró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019 ante una situación que consideró de “estrés financiero” que le hizo imposible afrontar sus compromisos comerciales y con entidades del sistema financiero local e internacional por unos US$ 1.350 millones.

Tras intentar sin éxito durante la feria judicial de enero arribar a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con sus acreedores, el 10 de febrero presentó su propio concurso, luego de un pedido de quiebra de un acreedor.

El juez Lorenzini abrió el concurso el 5 de marzo pasado y hasta ahora se presentaron a verificar créditos 2.368 acreedores por un monto de 99.345 millones de pesos, aunque el plazo fue extendido hasta el 25 de agosto.

El principal acreedor de la compañía es el Banco de la Nación Argentina, que reclama una acreencia de $18.128 millones.

Fuente: Telam

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Un drone para estudiar los recursos naturales en Santa Cruz

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación oficializó la nómina de beneficiarios del programa Federal “Equipar Ciencia”, que adjudica 207 equipos de mediano y gran porte para 69 instituciones científico-tecnológicas de las 24 jurisdicciones del país,con un aporte de $8300 millones.

El programa “Equipar Ciencia”, canalizado por el Ministerio a través de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, busca principalmente fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica a través de la compra de Equipamiento.

El programa federal implica un avance simultáneo en la construcción de laboratorios, la puesta a disposición de equipamiento. Pudieron acceder a la presentación de solicitudes aquellos organismos que forman parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología mediante la página de Argentina.gob.ar.

En el caso de Santa Cruz, cinco instituciones fueron seleccionadas: UNPA, UTN, CIT Santa Cruz y el Instituto de Investigaciones y Técnica para la Defensa. El aporte total es de  785.000 dólares.

En particular, desde INTA Santa Cruz, se participó con la propuesta de compra de un Vehículo Aéreo No Tripulado para relevar los recursos naturales de la región.  “Es un equipo similar a un drone, pero con la estructura similar a un avión de mucho menor porte. Mucho más versátil y con mayor autonomía”, detalló el Ingeniero Agrónomo Germán Seeber, investigador del INTA y referente de la presentación de la propuesta.

Sobre el drone se incorporan distintos sensores que permiten relevar información directamente a partir de cada vuelo. “Seguramente lo más conocido es una fotografía o vídeo, pero existen una gama importante de sensores para captar información terrestre de la misma forma que lo hace un satélite, pero a una escala menor. De esta manera perdemos amplitud en el terreno, pero intentaremos ganar precisión, calidad de información y una menor brecha en el tiempo de recopilación de esos datos”, agrega Seeber en entrevista con FM Dimensión.

“También y quizá será interesante enfocar la energía es la relación entre esa información recolectada y el comportamiento de la productividad en cantidad, calidad del pastizal; la distribución de los animales domésticos y silvestres en situaciones de pastoreo; como procesos y dinámicas propias de los recursos en la provincia”, explica el ingeniero agrónomo.

Seeber mencionó “sin duda el equipamiento es importante, pero la mirada federal como lo es con el Programa IMPACTAR es sumamente enriquecedora. Nos permite a grupos como el nuestro, que estamos iniciando el crecimiento, acceder a este tipo de propuesta sin ser necesariamente un investigador con una carrera consolidada. Eso es una enorme responsabilidad, pero también un acompañamiento real y concreto para el desarrollo de nuevos equipos en el interior del país. Sumar, la invitación a que otras instituciones de la provincia puedan presentar sus iniciativas y propuestas dado que en general el trabajo y el uso de equipo en conjunto”.

Para cerrar, Germán, agradeció a la Dra. Verónica Gargaglione y al Tec. Leonardo Huertas, por consolidar la presentación de la propuesta ante las autoridades correspondientes.

Fuente: Ahora Calafate

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Calle 13: avanza a buen ritmo la primera etapa de asfaltado

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Durante la mañana del lunes, la Dirección de Obras Viales apostó varias cuadrillas de operarios municipales sobre calle 13 para continuar con una de las obras más importantes que se está desarrollando en el Barrio San Benito de Río Gallegos.
Se continúa con movimiento de suelo para su posterior compactación y realización del riego de liga para la adherencia del asfaltado sobre la calzada.
Además, se realizan cordones cuneta en los primeros tramos de asfalto sobre esta calle que es una de las más transitadas y que conecta varios barrios de la ciudad capital.

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“Mi responsabilidad es la de proteger los intereses y los valores que me comprometí a defender”

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Esta semana comenzó a tratarse en comisiones de la Cámara Baja, el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Es así que a lo largo de extensas jornadas de trabajo, legisladores y legisladoras de nuestro país expusieron sus argumentos en torno a la iniciativa que impulsa del presidente Alberto Fernández y que cuenta con el aval de gobernadores, distintos sectores e instituciones. La diputada Nacional, Paola Vessvessian en diálogo con AMA-SantaCruz, se refirió a la importancia de garantizar el federalismo y la división de poderes.
-La gobernadora Alicia Kirchner expresó su apoyo al pedido de juicio político que impulsa el presidente Alberto Fernández, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, luego del fallo que otorga la restitución de un importante porcentaje de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su punto de vista respecto?

-Creo que la posición de la Gobernadora es absolutamente coherente con su historia de firme defensa de los intereses de la provincia, el federalismo y del correcto funcionamiento de los tres poderes del Estado.

La cautelar de la Corte sobre los fondos que deben transferirse a la Ciudad de Buenos Aires marcó el punto cúlmine de un accionar inaceptable, ya que el máximo tribunal se arrogó, en reiteradas oportunidades, atribuciones propias de los otros poderes del Estado Republicano y Federal.

Así fue en cuanto al Consejo de la Magistratura, usurpando facultades del Congreso Nacional, y las de este y del Poder Ejecutivo con relación a la distribución de la coparticipación.

Además, es evidente el accionar de una verdadera mafia judicial, que quebranta absolutamente el valor constitucional de la igualdad ante la ley, generando sentencias que violan el derecho de defensa y por sobre todas las cosas mostrando arbitrariedad y parcialidad, de promiscuas relaciones con la oposición y el poder económico que, lejos de ser combatido por los miembros del cuerpo parece ser prohijado y hasta compartido.

Sólo a modo de ejemplo, recordemos los altos funcionarios judiciales que jugaban al paddle con Macri, o los que juegan al fútbol en su quinta; los que disfrutan de las dádivas del grupo Clarín impunemente, o las comunicaciones entre un ministro de la CABA con el principal asistente del presidente de la Corte para acordar los pasos que llevaron a la derogación de la Ley que estuvo vigente por 16 años del Consejo de la Magistratura que terminó, dicho sea de paso, devolviendo vigencia a una ley que había sido derogada por el Congreso, cambiando la composición de dicho Consejo y autoimponiéndose, como Presidente de ese cuerpo, al actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia el Dr. Rosatti, pasando por encima de las facultades que tiene el poder legislativo de designar sus representantes y asumiendo impunemente facultades legislativas en ese fallo judicial.

Reitero mi decidido apoyo a esta iniciativa, porque la recuperación de un Poder Judicial verdaderamente imparcial e independiente es una necesidad impostergable de nuestra democracia.

– ¿Por qué se considera que este fallo de la Corte, perjudica a las provincias?

-La resolución de la Corte es provisoria, ya que no se expidió, a pesar del tiempo transcurrido, sobre el fondo de la cuestión.

Recordemos que esto se origina cuando el ex presidente Macri resuelve, por simple decreto, multiplicar los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires, bajo la excusa de la transferencia del servicio de seguridad. Y que, cuando el actual gobierno reduce a niveles razonables ese ítem, se produce el reclamo de la CABA.

La Liga de Gobernadores, ámbito de reflexión y propuestas que reúne a la gran mayoría de los mandatarios provinciales incluyendo a la Dra. Alicia Kirchner, advirtió reiteradamente sobre el asunto, explicando que hacer lugar al reclamo de la Capital Federal sería absolutamente injusto y que si se aumentaba el porcentaje de coparticipación para ella, necesariamente se alterarían los coeficientes de distribución de la coparticipación federal. Es decir que cada peso que se le incremente a la CABA sería sustraído de los que corresponden a las provincias. Esto es lo que manda a hacer la Corte aunque, insisto, sin resolver la cuestión de fondo. Y no sólo eso, sino que, insólitamente, tampoco explica los criterios con los que determina el porcentaje.

– ¿De qué manera podría impactar esta medida en el desarrollo económico y social de Santa Cruz?

-Como decía antes: los nuevos fondos que reciba la CABA por coparticipación serán los que no recibamos las provincias, afectando todas las áreas objeto de inversión: infraestructura, salud, educación, desarrollo social, etc.

El gobierno provincial ha hecho un aporte muy interesante al llevar al terreno de lo concreto el impacto de esta decisión, que ronda los 270.000 millones de pesos.

Ese monto equivale, por ejemplo, a 27 obras de acueducto y planta de agua potable de Río Gallegos; o a casi 15.000 viviendas, o a 750 hospitales modulares de más de 1.000 m2 y 2.100 Centros de Atención Primaria de 330 m2.

Una parte importante de eso es lo que nos quita la Corte en esta decisión.

-¿Coincide con la gobernadora Alicia Kirchner de que fallo de la Corte va en contra del federalismo?

-Absolutamente. Viola taxativamente la ley de coparticipación federal, como así también los acuerdos que tienen que existir entre las provincias y el gobierno nacional para modificar esos porcentajes y las asignaciones de esos recursos recaudados en todo el país. Es decir, la Corte se atribuye en este fallo facultades legislativas y ejecutivas, cosa que por la división de poderes y su competencia no puede hacer.

-Desde el Gobierno de Santa Cruz se promueven mesas de trabajo con distintos sectores para informar acerca de la solicitud del Ejecutivo Nacional. ¿Este tipo de acciones generan participación y apertura en temas que hacen a la agenda gubernamental?

-Creo que explicar en detalle las implicancias de este fallo es particularmente importante, especialmente porque los medios de comunicación de mayor alcance en el país, de estrechos lazos con algunos de los denunciados, están ejerciendo una acción desinformativa muy agresiva en aras de desprestigiar la iniciativa.

No siempre es fácil para cada ciudadano/a interiorizarse, leer sentencias, proyectos, etc. Y, por lo mismo, también es fácil que nos induzcan a confusión.

Pareciera que el funcionamiento de la justicia fuera una temática lejana, pero no es así: las decisiones de este poder inciden en la vida cotidiana, las libertades y patrimonios de cada persona, familia o empresa.

Y estos encuentros que el Ejecutivo provincial viene llevando a cabo con diferentes entidades y personalidades representativas de las comunidades santacruceñas y el quehacer social y productivo no sólo aportan en cuanto a la transmisión de información, sino que son espacios de intercambio que, necesariamente, enriquecen a todos sus participantes.

-Esta semana comenzó en Diputados, el tratamiento del proyecto para remover a los magistrados. ¿En que consiste el proceso? ¿Hay un plazo determinado para que el mismo sea abordado en el recinto?

La Comisión de Juicio Político comenzó, este jueves 26 de enero, a tratar el proyecto enviado por el Ejecutivo, que será considerado junto a todos los pedidos de juicio político a miembros de la Corte que ingresaron a la Cámara, ya sea a partir de iniciativas de colegas como de diversos actores de la sociedad civil. Se dio el primer paso, se acordó una agenda de trabajo, donde se van a analizar todas las 14 denuncias de mal desempeño, para luego declarar la admisibilidad de las causales del Juicio a los miembros de La Corte. Luego viene el proceso en que la Comisión llevará adelante la investigación sumaria y producción de las pruebas, realizando pedidos de informes, tomando declaraciones a testigos y acusados, etc., para luego emitir un dictamen aconsejando a la Cámara su tratamiento o no.

Si el dictamen es favorable, la Cámara debe decidir, con una mayoría de dos tercios, la continuidad del juicio, convirtiéndose en Cámara Acusadora ante el Senado de la Nación que deberá emitir el o los veredictos.

-¿Cuál es su tarea y responsabilidad como legisladora de Santa Cruz en este tipo de acciones?

-Como siempre mi principal responsabilidad es la de proteger en la Cámara los intereses y los valores que me comprometí a defender frente a mis comprovincianos: los de cada ciudadana o ciudadano de Santa Cruz. Los del trabajo y la producción frente a la bicicleta financiera, los de la soberanía frente a los de la entrega, los de la solidaridad frente al individualismo, los de la democracia frente a la intolerancia y los privilegios.

Ya que no podré ser parte de las tomas de decisiones hasta el momento en el que el juicio ingrese al plenario de la Cámara (por no ser miembro de la Comisión de Juicio Político), en aquel espíritu es que colaboraré en cuanto pueda en la defensa de los intereses de la provincia.

Fuente: AMA-SantaCruz

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