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Fernández se reunió con organizaciones sociales

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con los movimientos sociales y, junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, analizó las estrategias de salida de la crisis generada por el Covid-19, al afirmar que es “la oportunidad de hacer un sistema más justo” y señalar a los referentes sociales como “actores centrales” junto al Estado, en este desafío.

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“Tenemos la oportunidad de hacer un sistema más justo y ustedes son actores centrales porque tienen respeto en sus comunidades”, dijo Fernández al cierre del encuentro que mantuvo esta tarde en la residencia de Olivos, donde el mandatario transita el aislamiento.

Durante la reunión, el mandatario se comprometió ante los referentes de los movimientos sociales a “profundizar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables y llevar soluciones para la entrega de alimentos en todo el país”, en el marco de la contención ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto a partir de la pandemia de coronavirus y con el objetivo de proteger a los sectores que más lo necesitan.

Las organizaciones, por su parte, le propusieron la creación de un fondo para los trabajadores de la economía popular, según confirmó en declaraciones a la prensa al finalizar el encuentro el dirigente de la agrupación Barrios de Pie y actual subsecretario de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez.

“Estamos en una situación difícil y creemos que debemos sostener a los movimientos sociales y el ingreso de los jubilados y de quienes menos tienen”, dijo y aseguro que durante la reunión se analizó la implementación de “mecanismos compensatorios” ante la emergencia sanitaria originada por la pandemia de coronavirus.

Los referentes reconocieron el esfuerzo que realiza el gobierno para enfrentar la pandemia y para mitigar los efectos de las medidas sobre la sociedad, en especial, los sectores más vulnerables, contó Menéndez.

Por su parte, Fernández reconoció “el rol” de estas organizaciones en “la economía popular” y les dijo: “Nadie se salva solo y no me voy a olvidar de ninguna persona en ningún barrio necesitado de la Argentina”.

Asistieron al encuentro en la Residencia de Olivos, los dirigentes sociales Esteban ‘Gringo’ Castro (UTEP), Juan Grabois (CTEP), Nicolás Caropresi y Jaqueline Flores (MTE), Rafa Klejzer y Vanesa Escobar (Movimiento Popular La Dignidad), Daniel Menéndez y Norma Morales (Somos Barrios de Pie), Juan Carlos Alderete y Silvana Aguirre (Corriente Clasista y Combativa), Gildo Onorato y Milka Sosa (Movimiento Evita) y Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán).

Acompañaron al Presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario general, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias de Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro; y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, estos últimos dos integrantes a su vez del Movimiento Evita.

En declaraciones a Télam, Caropresi relató que durante el encuentro los líderes sociales le pidieron al Gobierno “beneficios” para los trabajadores de la economía popular, “destinados contener el impacto negativo de la cuarentena masiva en el sector privado”.

“También hubo un planteo concreto para que, como con el sector industrial, el sector privado, el financiero, las pymes y los monotributistas que están pidiendo fondos, haya programas que tiendan a fortalecer y sostener esa economía de acá en adelante para resurgir de las cenizas que nos deje el coronavirus”, dijo el referente del MTE.

“Los sectores de la economía popular necesitan recursos para poder generar empleo en obras de cloacas, mejoramiento de escuelas y salas sanitarias” y también para ordenar la venta ambulante”, precisó.

Por su parte, la dirigente de Barrios de Pie, Silvia Saravia recordó que durante la emergencia sanitaria aumentaron los casos de violencia de género y reclamó medidas para proteger a las mujeres en el contexto de aislamiento.

En tanto que el diputado nacional y dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete, aseguró que también se abordó la situación de los despidos y suspensiones.

Según fuentes cercanas a la reunión, Fernández enfatizó en todo momento que desde el inicio de la emergencia sanitaria se pusieron en marcha distintas políticas para “garantizar el ingreso de los jubilados y de los sectores más castigados” y que se iba a “seguir trabajando” en ese sentido.

“Expresamos nuestro apoyo a las medidas sanitarias que tomó y nuestra preocupación por el impacto de la cuarentena en las barriadas. Le hicimos saber que hay provincias donde los alimentos no llegan y nos dio su compromiso en resolverlo”, dijo Alderete.

“El Presidente reconoció y valoró el trabajo que venimos haciendo las trabajadoras y trabajadores de la economía popular y se comprometió a no dejar desprotegidos a los más humildes”, sostuvo Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

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La denuncia por las agresiones contra Massa será presentada la semana próxima

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La denuncia penal por las agresiones contra el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando ingresaba en su vehículo a la Casa Rosada para jurar en el cargo el 3 de agosto último, será presentada en la próxima semana por el abogado Gregorio Dalbón.

A pesar de que en principio estaba prevista para este viernes, Dalbón señaló a Télam que la denuncia se realizará la próxima semana debido al trabajo de recolección de más pruebas vinculadas con las personas que protagonizaron el incidente.

No obstante, el letrado consideró que en los videos están “muy claros los delitos que se cometieron porque no son simples descalificaciones sino que hay amenazas de muerte y eso no puedo ocurrir en democracia. Detectamos que varios son los mismos que están vinculados a los escraches a otros políticos, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo.

Sobre las figuras penales, expresó que se trata de los delitos de “amenazas coactivas agravadas, daños, intimidación pública e incitación pública a la violencia”. En ese sentido, señaló que solicitará que “se ordenen sus inmediatas detenciones por la gravedad de los hechos que cometieron” y porque “podrían amenazar a testigos”, y “existe riesgo procesal de fuga”.

Dalbón, quien también patrocina a la Vicepresidenta en otras causas, explicó que Massa “pretende que la Justicia se encargue de cesar la violencia política porque en democracia podemos pensar diferente, pero no puede existir la violencia ni las amenazas a ningún funcionario público del color político que sea”.

“Como dice Massa, se puede pensar distinto, debatir, discutir, pero hay una diferencia enorme con la violencia y la agresión que se vive en los escraches y eso debe ser corregido por la Justicia, ya que no es normal la violencia política en democracia”, añadió el letrado.

Asimismo, consideró que “la denuncia del ministro viene a continuar la denuncia de la Vicepresidenta en las amenazas en el Instituto Patria o en su casa para hacer cesar la violencia política y la incitación a la violencia y la agresividad”.

“La denuncia del ministro viene a continuar la denuncia de la Vicepresidenta en las amenazas en el Instituto Patria o en su casa para hacer cesar la violencia política y la incitación a la violencia y la agresividad”

 

Las agresiones contra Massa

Las agresiones contra el vehículo que trasladaba a Massa se registraron el pasado 3 de agosto cuando ingresaba con su vehículo a la Casa de Gobierno para asumir como ministro de Economía.

Dalbón había confirmado dos días después que el ministro de Economía lo había instruido para iniciar una causa penal contra los agresores.

Luego de los incidentes, dos personas, una de ellas con discapacidad, fueron demoradas por la Policía de la Ciudad en el marco de las agresiones ocasionados por manifestantes identificados como libertarios en uno de los accesos a la Casa Rosada, que golpearon la camioneta que trasladaba a Massa y propinaron amenazas e insultos.

En esa oportunidad, también agredieron e impidieron realizar su trabajo a los cronistas que se encontraban allí realizando la cobertura periodística del acto de asunción del nuevo ministro.

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Aerolíneas acordó un nuevo tramo salarial y evita paros el fin de semana largo

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El acuerdo, logrado tras la asamblea de pilotos de este lunes que generó demoras en el Aeroparque Metropolitano, consiste en un incremento salarial de 8% en julio y otro 8% en agosto.
Es computable a la paritaria salarial que está vigente desde fines del año pasado. La suma de esos incrementos y del nuevo ajuste retroactivo, según fuentes de la empresa, totaliza un incremento salarial de 68% para el período octubre 2021-septiembre 2022.
El lunes, luego de una asamblea en Aeroparque que provocó cancelaciones y demoras de 60 vuelos de Aerolíneas, el titular del sindicato de pilotos APLA, Pablo Biró, había dicho que los salarios de sus representados estaban “20% por debajo del IPC” (Índice de Precios del Consumidor).
El acuerdo firmando este jueves se ubica apenas por debajo del reclamo de APLA y además de este sindicato abarca a los gremios aeronáuticos que negocian con Aerolíneas, como APA (personal de tierra), UPSA (personal jerárquico) y AAA (tripulantes de cabina).
“Lo que se acordó, con este incremento retroactivo, es un aumento total de 68,1% para los 12 meses entre octubre del año pasado y el próximo septiembre”, dijeron fuentes de la línea aérea estatal.
“La inflación proyectada para ese periodo alcanza el 73,9%”, agregaron.
En la previa al acuerdo hubo tensión con APLA, ya que además de la asamblea del lunes, hubo cruces de Biró con representantes de la línea de bandera.
Por un lado, desde el Ejecutivo aseguraron que el gremio reclama un salario de $500.000 para la categoría más básica, que es la de copiloto de vuelos domésticos, mientras que titular de APLA desmintió esa cifra y advirtió con posibles nuevas medidas de fuerza durante este fin de semana largo por el feriado del lunes 15, algo que ahora parece haberse desactivado.

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Fernández entrega la pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad

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El Presidente está acompañado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en un acto que se realiza en la sede del organismo.

Fernández entrega la pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad.
Lo hace acompañado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el acto que se realiza en la sede central del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad, ubicado en Ramsay 2.250 en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.

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