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Gobernador de Chubut pidió la separación del fiscal Rivarola

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El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al fiscal jefe de la Fiscalía de Rawson, Fernando Rivarola, por mal desempeño en sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho, por la actuación que le cupo en la causa que investiga a un grupo de jóvenes por la violación grupal de una adolescente.

El fiscal utilizó la frase “desahogo sexual” para referirse a la violación, al hacer el pedido de juicio abreviado, medida que consensuó con la víctima, lo que implicaría una morigeración de la pena para tres de los acusados de la violación.

El gobierno chubutense informó a través de un comunicado que la denuncia fue realizada este mediodía en el Consejo de la Magistratura, en Trelew, con el patrocinio del fiscal de Estado, Andrés Giacomone.

Arcioni pidió la instrucción del sumario de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial, y que se habilite el procedimiento tendiente a la evaluación “del arbitrario accionar” del fiscal Rivarola y posterior separación del cargo.

En su presentación, Arcioni indicó que el desconocimiento inexcusable del derecho se encuentra configurado “por imperativo legal y convencional, desde que su proceder no se compadece con los compromisos asumidos por el Estado Nacional”.

En tanto, el mal desempeño de sus funciones se materializa por “la omisión de cumplir las directivas jurídicas que le resultan exigibles como funcionario a cargo de la persecución penal, y que se desprenden explícitamente de los pactos internacionales aplicables en este caso”.

La denuncia se basa, además en que el Procurador General de la provincia , Jorge Miquielarena ordenó a los fiscales generales y funcionarios de fiscalía que ante casos de abuso sexual simple, “adopten como principio general la sanción de los responsables, oponiéndose fundadamente al otorgamiento de la conciliación y la suspensión del juicio a prueba”.

En este aspecto agregó que “la solicitud efectuada por el fiscal (Rivarola) para que se aplique el instituto del Juicio Abreviado violenta de modo manifiesto los principios de actuación establecidos en pactos internacionales, toda vez que se elude la aplicación de un `procedimiento legal justo y eficaz para la mujer’, que incluya ‘un juicio oportuno’”.

“En atención a la escala penal para este delito, que va de los 8 a 20 años de prisión efectiva, es claro que no procedía la solicitud de aplicación del juicio abreviado”, detalla la denuncia presentada por el gobernador Arcioni

El fiscal Rivarola, en consecuencia “tuvo la única finalidad de beneficiar a los acusados” y añadió que “echó mano a este artilugio legal sumamente cuestionable”.

Por su parte, Rivarola reconoció hoy que “la frase desahogo sexual debe ser erradicada”.

“Escribo estas líneas luego de una profunda reflexión generada a partir del impacto social y mediático”, aseguró el fiscal en un largo pronunciamiento por escrito difundido por el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

En su “mea culpa”, aclaró que la frase se “produjo en el marco de un acuerdo de juicio abreviado cuyo objetivo fue lograr la condena de los acusados y que fue tomada con expresa y libre conformidad de la joven damnificada del caso, quien tuvo participación activa durante toda la investigación”.

Tras esa introducción, el fiscal admitió que “la frase ‘desahogo sexual’ utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada”.

“Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas”, admitió.

La titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, afirmó hoy que “los operadores judiciales deben ser conscientes del poder de construcción de sentido que tienen sus resoluciones y entender que en los casos de violencia de género la justificación de las decisiones debe tener en cuenta a las víctimas”.

La fiscal apuntó que “cuando un operador judicial minimiza o justifica en sus resoluciones el accionar de violentos o abusadores no sólo se daña a la víctima, sino que es muy grave la sensación de impunidad que construye en la comunidad la comunicación social de esa decisión”.

Miembros del Observatorio de Víctimas de Delitos dependiente de la Cámara de Diputados de la Nación repudiaron hoy los dichos de Rivarola y aseveraron que “semejante alusión raya la crueldad y la insensatez hacia la joven que padeció el crimen, su familia y la sociedad”.

“Los responsables de administrar justicia deben dejar de utilizar conceptos alejados de la gente, inentendibles y que solo producen más dolor a los que tuvieron que sufrir un delito”, agregaron.

Amnistía Internacional se sumó al repudio que cosechó la frase del fiscal.

“Desahogo sexual es abuso sexual, es violación, es delito”, afirmó un video de la organización transmitido en su cuenta de Twitter que tuvo 1,8 millones de retweets y 2,3 mil millones de adhesiones.

La decisión generó el repudio de representantes del Poder Ejecutivo nacional, del Poder Legislativo y referentes de distintos espacios políticos, sociales y sindicales, mientras escalaron en las redes los hashtags #DesahogoSexual y #ViolaciónEnManada.

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La Aduana evitó importaciones irregulares de neumáticos

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La Aduana frenó importaciones irregulares de neumáticos, y entre ellas la de dos empresas que habían obtenido cautelares para ingresar estos productos por “casi US$ 65 millones”, según difundió el organismo tributario.

Se trata de las empresas Guerrini Neumáticos S.A y La Rocca Neumáticos S.A., las cuales habían obtenido autorizaciones para importar neumáticos por US$ 24.906.785 y US$ 39.271.950, respectivamente.

Con 30 cautelares presentadas desde 2020, “Guerrini importó neumáticos por US$ 36 millones, lo cual le había permitido ganar una exorbitante porción del mercado”, indicó la Aduana.

Asimismo, “más de un tercio del total correspondían a una posición arancelaria en la que FATE tenía una significativa capacidad productiva”.

La Aduana consideró que las medidas eran indebidas, bajo el argumento de que “por un lado, ponía en duda el peligro de demora que aquellas invocaban y por otro, consideraba desmesurado el volumen que les había sido otorgado: en el caso de una de las firmas, las cautelares obtenidas duplicaban sus máximos históricos de importación”, señaló un comunicado.

De esta manera, el cupo obtenido entre ambas ascendía a casi 65 millones de dólares.

Al respecto, la Aduana precisó que se buscó frenar el uso desmedido de cautelares para resguardar las divisas del país.

“El desistimiento de aquéllas, entonces, implica la extinción y archivo del proceso: en lo sucesivo no podrá promoverse otro por el mismo objeto y causa”, se explicó.

Asimismo, bajo el mismo objetivo de evitar irregularidades respecto de cargamentos de neumáticos, la Aduana impidió en Dock Sud el ingreso de 270 neumáticos usados de Europa que no poseían los certificados correspondientes.

“La operación consistía en un trasbordo a Paraguay con 270 ejemplares de diversas marcas, pero carecía de los certificados necesarios indicando el uso que se les daría en el país de destino”, señaló el organismo, y aseguró que “la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos indicó prohibir su ingreso al territorio argentino”.

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Promulgaron la ley de Consenso Fiscal aprobada el mes pasado

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El Gobierno nacional promulgó hoy la ley de Consenso Fiscal sancionada el 15 de septiembre pasado en el Congreso, según se publicó en el Boletín Oficial.

Lo hizo bajo el Decreto 677/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Sergio Massa.

La Ley N° 27.687 tiene como objetivo buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país.

La iniciativa fue aprobada por 136 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, Bloque Ser, y legisladores radicales, mientras que en forma negativa se pronunciaron 108 legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, la Libertad Avanza, Avanza la Libertad y el Frente de Izquierda.

En tanto que se registraron 4 abstenciones.

Con este pacto, las provincias quedan habilitadas para aumentar algunos impuestos locales, entre ellos los de Ingresos Brutos y a los Créditos y Débitos Bancarios (Sellos), aunque con topes máximos.

Entre otros aspectos que hacen al ordenamiento tributario, el nuevo consenso fiscal dispone que las alícuotas de Ingresos Brutos no puedan exceder a las fijadas para cada actividad y además ratifica la decisión de evaluar durante este año la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

También contiene un capítulo denominado como “endeudamiento responsable”, que dispone que las provincias podrán aumentar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.

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Procesaron a Claudio Herz, el hombre que amenazó de muerte a CFK

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El juez federal Daniel Rafecas procesó este martes sin prisión preventiva a Claudio Herz por “amenazas e incitación a la violencia colectiva” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a raíz de incidentes registrados el 21 de julio pasado frente a la sede del Instituto Patria.

El magistrado procesó al acusado y lo embargó por 400 mil pesos, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Herz quedó procesado como presunto “autor penalmente responsable del delito de amenazas en concurso ideal con el delito de incitación a la violencia colectiva”, detalló el magistrado en el fallo.

Por medio de un megáfono, frente a la sede del Insituto Patria en la zona del Congreso, Herz “profirió amenazas a la Sra. Vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner e incitó a la violencia colectiva”, concluyó el juez.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 21 de julio, cuando un grupo de 15 personas se convocaron en la puerta del Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80 de la ciudad de Buenos Aires, y profirieron insultos y amenazas a la vicepresidenta, además de dañar las instalaciones.

Ante lo ocurrido, presentó una denuncia penal el apoderado del Instituto Patria, Fernando Castiglioni, y, mediante filmaciones registradas en el lugar, se identificó a Herz como quien profería amenazas a través de un megáfono.

El imputado se negó a prestar declaración indagatoria en la causa, asistido por su defensa oficial.

Al momento de los hechos Herz residía en una habitación de un hotel porteño, que fue allanado en la investigación.

Rafecas consideró probado que “se presentó en uno de los lugares de trabajo de la Vicepresidenta de la Nación y, en un contexto de violencia rodeado de personas que gritaban, que arrojaban basura y que se colgaban de una ventana, la amenazó en plena calle con un megáfono”.

El acusado usó expresiones como “ahora te toca la horca, el único camino para deshacernos de vos, de todos tus cómplices, tu hijo y toda la basura que nos gobierna; eso es lo que te vamos a hacer; te vamos a sacar a patadas en el culo”, reseñó el magistrado en su resolución.

Rafecas detalló que “para amenazar a la Vicepresidenta de la Nación” Herz “concurrió hasta el Instituto Patria y megáfono en mano, para asegurarse que su mensaje llegue a su destinataria, expresó una serie de amenazas concretas, las cuales, por su contenido, forma y modo de expresión, es evidente que generan un claro amedrentamiento”.

Las dos denuncias que se presentaron, la del apoderado del Patria y otra de la fiscal porteña Mónica Cuñaro, “reflejan el grado de afectación que causó en la víctima”

En otro tramo de la resolución de 27 carillas, Rafecas advirtió que las manifestaciones de Herz “de ningún modo se encuentra amparadas por las garantías constitucionales a la libre expresión”.

“Fueron suficientes para configurar el delito de amenazas” contra la Vicepresidenta, su hijo y “demás gobernantes e incitar a la violencia colectiva”, concluyó.

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