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Más de 10 espiados por la AFI serán querellantes en la causa

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Más de 10 de los supuestos espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri ya solicitaron ante la justicia ser tenidos por querellantes, en el marco del expediente en el que se investigan si sus correos electrónicos fueron interceptados.

Las presentaciones fueron realizadas por dirigentes y periodistas que figuran en la lista de más de 80 víctimas del espionaje narrado en la denuncia que la actual inervación de la central de espías, a cargo de Cristina Caamaño, presentó esta semana ante la justicia federal porteña y que fue impulsada ayer por el fiscal Jorge Di Lello.

La primera en presentar un escrito ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para ser tenida por querellante fue la ex legisladora y ex ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkes, que es además hermana de la ex senadora Beatriz Rojkés –que llegó a estar tercera en la línea de sucesión del segundo gobierno de Cristina Fernández- y cuñada del ex gobernador de Tucumán José Alperovich.

El código procesal penal establece que “toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir” las decisiones que se tomen en el marco del proceso.

El segundo en solicitar ser tenido por querellante fue el periodista Luis Majul cuyo nombre también aparecía entre los de aquellos cuyos correos electrónicos habrían sido interceptados, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Télam.

Ayer, y a través de un mismo escrito, también se presentaron en el expediente la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia de Santa Fe, Lucila Puyol y la militante de la agrupación HIJOS Santa Fe Valeria Silva.

En el escrito al que accedió Télam los querellantes apuntaron contra el ex presidente Macri como el máximo responsable del supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

“Es imperante resaltar que la AFI es un organismo caracterizado por la verticalidad y la concentración de información, lo cual torna evidente que un agente que ocupa una posición subalterna difícilmente pueda decidir, por sí solo, recolectar información de casi un centenar de personas, entre ellas políticos, activistas y periodistas, inclusive vinculados al oficialismo del momento”, señalaron.

“Difícil resulta imaginar la posibilidad de que durante años se leyeran ilegalmente los mails de quien entonces fuera jefe del Bloque de la Cámara de Diputados de la Nación del partido oficialista (por Nicolás Massot), o a la titular de la Oficina Anticorrupción (por Laura Alonso), sin que existiera una orden directa de la propia Presidencia de la Nación”, aseguraron.

En la denuncia de Caamaño se indicó que, además de haber sido supuestamente espiados los dirigentes de la oposición al gobierno de Cambiemos, también lo habrían sido algunos dirigentes que lo integraron como Alonso, Massot y los radicales Mario Negri y Ernesto Sanz.

Sobre las últimas horas del viernes, requirió ser tenido por querellante el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, y otros ocho integrantes de esa fuerza política cuyos nombres aparecieron en el listado de víctimas de la denuncia presentada por Caamaño.

Nuevo Encuentro solicitó además que el propio partido sea tenido como querellante, bajo el patrocinio de los abogados Martín Haissiner y Sergio Zurano, habida cuenta de la cantidad de miembros de ese espacio que habrían sido espiados.

En todos los casos, los requerimientos deberán ser evaluados por el juez Martínez de Giorgi aunque fuentes judiciales adelantaron a Télam que el juzgado aceptaría las presentaciones de todos aquellos que figuran en el listado de víctimas e incluso notificaría a quienes no se hubieran presentado para que decidan si quieren o no hacerlo.

De la denuncia surgía que durante las tareas de relevamiento de la agencia de inteligencia se había encontrado un disco rígido en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales entre otros.

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La denuncia por las agresiones contra Massa será presentada la semana próxima

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La denuncia penal por las agresiones contra el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando ingresaba en su vehículo a la Casa Rosada para jurar en el cargo el 3 de agosto último, será presentada en la próxima semana por el abogado Gregorio Dalbón.

A pesar de que en principio estaba prevista para este viernes, Dalbón señaló a Télam que la denuncia se realizará la próxima semana debido al trabajo de recolección de más pruebas vinculadas con las personas que protagonizaron el incidente.

No obstante, el letrado consideró que en los videos están “muy claros los delitos que se cometieron porque no son simples descalificaciones sino que hay amenazas de muerte y eso no puedo ocurrir en democracia. Detectamos que varios son los mismos que están vinculados a los escraches a otros políticos, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo.

Sobre las figuras penales, expresó que se trata de los delitos de “amenazas coactivas agravadas, daños, intimidación pública e incitación pública a la violencia”. En ese sentido, señaló que solicitará que “se ordenen sus inmediatas detenciones por la gravedad de los hechos que cometieron” y porque “podrían amenazar a testigos”, y “existe riesgo procesal de fuga”.

Dalbón, quien también patrocina a la Vicepresidenta en otras causas, explicó que Massa “pretende que la Justicia se encargue de cesar la violencia política porque en democracia podemos pensar diferente, pero no puede existir la violencia ni las amenazas a ningún funcionario público del color político que sea”.

“Como dice Massa, se puede pensar distinto, debatir, discutir, pero hay una diferencia enorme con la violencia y la agresión que se vive en los escraches y eso debe ser corregido por la Justicia, ya que no es normal la violencia política en democracia”, añadió el letrado.

Asimismo, consideró que “la denuncia del ministro viene a continuar la denuncia de la Vicepresidenta en las amenazas en el Instituto Patria o en su casa para hacer cesar la violencia política y la incitación a la violencia y la agresividad”.

“La denuncia del ministro viene a continuar la denuncia de la Vicepresidenta en las amenazas en el Instituto Patria o en su casa para hacer cesar la violencia política y la incitación a la violencia y la agresividad”

 

Las agresiones contra Massa

Las agresiones contra el vehículo que trasladaba a Massa se registraron el pasado 3 de agosto cuando ingresaba con su vehículo a la Casa de Gobierno para asumir como ministro de Economía.

Dalbón había confirmado dos días después que el ministro de Economía lo había instruido para iniciar una causa penal contra los agresores.

Luego de los incidentes, dos personas, una de ellas con discapacidad, fueron demoradas por la Policía de la Ciudad en el marco de las agresiones ocasionados por manifestantes identificados como libertarios en uno de los accesos a la Casa Rosada, que golpearon la camioneta que trasladaba a Massa y propinaron amenazas e insultos.

En esa oportunidad, también agredieron e impidieron realizar su trabajo a los cronistas que se encontraban allí realizando la cobertura periodística del acto de asunción del nuevo ministro.

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Aerolíneas acordó un nuevo tramo salarial y evita paros el fin de semana largo

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El acuerdo, logrado tras la asamblea de pilotos de este lunes que generó demoras en el Aeroparque Metropolitano, consiste en un incremento salarial de 8% en julio y otro 8% en agosto.
Es computable a la paritaria salarial que está vigente desde fines del año pasado. La suma de esos incrementos y del nuevo ajuste retroactivo, según fuentes de la empresa, totaliza un incremento salarial de 68% para el período octubre 2021-septiembre 2022.
El lunes, luego de una asamblea en Aeroparque que provocó cancelaciones y demoras de 60 vuelos de Aerolíneas, el titular del sindicato de pilotos APLA, Pablo Biró, había dicho que los salarios de sus representados estaban “20% por debajo del IPC” (Índice de Precios del Consumidor).
El acuerdo firmando este jueves se ubica apenas por debajo del reclamo de APLA y además de este sindicato abarca a los gremios aeronáuticos que negocian con Aerolíneas, como APA (personal de tierra), UPSA (personal jerárquico) y AAA (tripulantes de cabina).
“Lo que se acordó, con este incremento retroactivo, es un aumento total de 68,1% para los 12 meses entre octubre del año pasado y el próximo septiembre”, dijeron fuentes de la línea aérea estatal.
“La inflación proyectada para ese periodo alcanza el 73,9%”, agregaron.
En la previa al acuerdo hubo tensión con APLA, ya que además de la asamblea del lunes, hubo cruces de Biró con representantes de la línea de bandera.
Por un lado, desde el Ejecutivo aseguraron que el gremio reclama un salario de $500.000 para la categoría más básica, que es la de copiloto de vuelos domésticos, mientras que titular de APLA desmintió esa cifra y advirtió con posibles nuevas medidas de fuerza durante este fin de semana largo por el feriado del lunes 15, algo que ahora parece haberse desactivado.

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Fernández entrega la pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad

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El Presidente está acompañado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en un acto que se realiza en la sede del organismo.

Fernández entrega la pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad.
Lo hace acompañado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el acto que se realiza en la sede central del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad, ubicado en Ramsay 2.250 en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.

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