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No hay ningún imputado por golpear y abusar a una familia qom

A pesar de que las imágenes sobre los golpes y abusos de policías contra una familia de la comunidad qom en Chaco se viralizaron en todo el país generando un masivo repudio, hasta el momento no hay ningún imputado en la causa.

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A pesar de las profusión de imágenes sobre el ataque, los testimonios y la denuncia urgente del Comite de Prevención de la Tortura en Chaco no hay ningún policía imputado por lo sucedido el domingo a la madrugada en el barrio Bandera Argentina, cerca de Resistencia.

La fiscalía de Derechos Humanos aún está en etapa de “identificación” de los uniformados que ingresaron a la fuerza a la casa de Elsa Fernández, golpearon a sus hijos y sobrino, los llevaron a la comisaría y allí los sometieron a tormentos y abusos, entre ellos manoseo a una chica menor de edad.

“Es una barbaridad, ya tendrían que estar detenidos, están los nombres de los que aparecen en el video, el OCI (Organo de Constrol Institucional) y el Ministerio de Justicia está aportando documentación, pidió oficio urgente al hospital donde certificaron las lesiones de las víctimas y a la jefatura policial el libro de la comisaría, y piden que se acerquen testigos que hayan visto lo sucedido”, explicó a Página/12 Silvio del Balzo, presidente del Comité.

“No hay imputados, la fiscalía dicen que son seis los policías identificados pero que tiene que terminar de determinar responsabilidades y recién entonces pedirán las indagatorias”, agregó. De Balze confirmó que a los sospechosos de los delitos gravísimos que denunciaron Elsa Fernández, Cristian Fernández, Alejandro Saravia y Rebeca Garay se les quitó la “chapa” y el arma, y están en sus casas suspendidos en el cargo.

En teoría no pueden salir por el aislamiento social obligatorio, pero algunos de sus compañeros fueron vistos por el barrio Fontana, amedrentando a testigos. La familia sería asistida por la Defensoría Pública, hasta ahora no tienen representación legal oficial.

“El domingo a la mañana tomamos conocimiento de lo que pasó a través de la Mesa Multisectorial Feminista, hubo unas familias tirando piedras contra la comisaría 3ra, y un par de policías salieron a correrlos. Incluso hubo un forcejeo, pero las personas agredidas luego no tenían nada que ver con los que perseguía la policía. Y pasó lo que todos vimos”, indicó De Balze al referirse a las imágenes del ingreso a la fuerza en la casa de estas familias qom, a las que el presidente Alberto Fernández calificó de “inaceptables”.

En las primeras horas trascendió que estaba interviniendo la secretaría de Derechos Humanos provincial, de modo que el Comité se haría a un costado porque consideró que sus funcionarios harían la denuncia y darían asistencia a las víctimas con el órgano dispuesto para esa tarea. Sin embargo, en el barrio sólo estaban las militantes de la Mesa Multisectorial Feminista y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).

Así, la única denuncia formal presentada hasta el momento fue la de ese organismo, que depende del Estado pero es autónomo del mismo.

“El informe contiene fotos, lo enviamos a la fiscalía de Derechos Humanos por correo oficial con carácter de urgente, también fuimos a la comisaría porque estamos autorizados a ingresar por la ley 17.098 que creó este mecanismo de prevención de la tortura a nivel nacional, es como el equivalente a un Defensor del Pueblo”, explicó De Balzo.

Chaco fue el primer lugar en que se creó a raíz del asesinato de Juan Ángel Greco, un artesano de 24 años que falleció tras ser detenido ilegalmente y alojado en una celda que luego fue incendiada, el 4 de julio de 1990 en la Comisaría de Puerto Vilelas.

Más allá de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, el Comité finalmente decidió presentarse también en la causa para pedir la detención de los policías involucrados, que son muchos más que seis, incluso porque algunos actuaron vestidos de civil, algo ilegal pero que, según De Balze, es común en Chaco.

“No se están haciendo bien las cosas, el gobierno provincial debío convocar a todos los organismos para bajar los decibeles de la situación, están saliendo a reclamar otros sectores de la sociedad que dicen que son ‘lacras’, entonces la familia tiene que saber que se va a hacer justicia”, dijo el presidente del Comité en diálogo con este diario.

El gobernador Jorge Capitanich no hizo ningún pronunciamiento público, a pesar de que sí hubo declaraciones a nivel nacional. “Salió la ministra de Seguridad, que anunció sobre las acciones de la secretaría de Derechos Humanos, pero sin la secretaria presente, es poco serio”, se quejó De Balze. A su criterio, la ministra Gloria Zalazar “no cree en los organimos ni el comité ni en las defensorías”.

De Balzo destacó que tampoco fue aceptado por la justicia provincial el hábeas corpus que presentó por las denuncias de abusos policiales en los procedimientos por el control del cumplimiento de la cuarentena. “No estamos en contra de los operativos, pero controlen a la policía porque se les está yendo la mano”, fue el mensaje del Comité porque en Chaco implementaron el operativo saturación y el toque de queda sanitario por el cual luego de las 20 nadie puede circular.

“La policía ya está envalentonada, le quisieron poner el lazo y se rebelaron”, interpretó De Balzo. “Convivimos con tres pueblos originarios, qom, wichí y mocoví. En todos los episodios de abusos y apremios, siempre hay un sesgo de discriminación por su condición étnica. Es un choque cultural permanente, y encima ahora los acusan de haber traído el virus, cuando los primeros casos de coronavirus fueron por gente que vino del exterior. El policía asustado monitoreando esto, sumado al racismo, deriva en un desastre. Muchos testimonios de chicos que sufren hostigamiento refieren que los policías están ebrios”.

 

Fuente: El Patagónico

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Expectativa por la declaración de Cristina Fernández en la causa Vialidad

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“Últimas palabras. Así le dicen…” ironizó la Vicepresidenta a través de Twitter al referirse a la exposición que hará hoy en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial entre 2003 y 2015. En un breve mensaje, recordó que la cita será este martes “a las 9.30”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dirá este martes sus “palabras finales” en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial entre 2003 y 2015, informaron fuentes allegadas a la exjefa de Estado.

La propia exmandataria lo dejó entrever a través de una publicación que subió a su cuenta personal de Twitter donde puso la frase “Mañana (martes) a las 9:30hs. en el juicio de Vialidad: ‘últimas palabras’. Así le dicen…”, acompañado del link en el que se podrá ver la audiencia.

Será la tercera vez que la Vicepresidenta hable en este juicio: la primera fue en su indagatoria en diciembre de 2019 y la segunda el mes pasado, cuando intervino en el alegato de su defensa, oportunidad en la que se valió de su condición de abogada.

La de este martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales de los imputados dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse durante la jornada.

En este juicio la Fiscalía pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para la dos veces Presidenta de la Nación, al acusarla de supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La primera vez que Fernández de Kirchner habló en el juicio fue en la indagatoria que se le tomó el 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid-19.

“Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente”, sostuvo en relación a la administración de Mauricio Macri, y luego aseguró: “Así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial”.

El juicio “está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado”, dijo entonces -en alusión a Lázaro Báez-, y al calificar como “una vergüenza” a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y titular del Senado habló al TOF2 de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria, como parte del alegato final de su defensa, en el que intervino como abogada en causa propia.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola cometieron “un claro caso de prevaricato”.

“La acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

En la audiencia de este martes también tendrán la oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del pasado viernes 25 dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez; el exsubsecretario de Obras Públicas nacional Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

Los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión para Cristina Kirchner y Báez y 10 años para De Vido, López y Periotti, entre las penas con mayores montos.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Fuente: Telam

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Más de 170 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo ya validaron sus datos

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El Gobierno nacional avanza en el reordenamiento del programa Potenciar Trabajo, con el que apuesta a “llegar mejor” a los beneficiarios, al tiempo que busca “seguir fortaleciendo sus capacidades productivas”, por lo que más de 170 mil titulares del programa ya validaron sus datos.

“Más de 170 mil titulares del Potenciar Trabajo ya hicieron la validación de su identidad y completaron el formulario”, informó a Télam la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Se refirió así al proceso lanzado esta semana por la cartera a su cargo y la normativa publicada el viernes en Boletín Oficial. Se trata de un trámite gratuito y obligatorio y que debe ser realizado por todas las personas destinatarias del programa.

En diálogo con Télam, Tolosa Paz indicó que la validación de esos 170 mil titulares en cuatro días -desde que se hizo el anuncio- permitió a las autoridades “triplicar las auditorias presenciales realizadas hasta la fecha”.

“Tenemos que seguir insistiendo e invitando a todos los y las titulares, a realizar la auditoria para seguir sosteniendo este programa tan importante. El número fue muy satisfactorio así que vamos a seguir reforzando la validación de aquí al 6 de enero” que es la fecha límite establecida, indicó la ministra.

Para la funcionaria, la validación y sobre todo “la comunicación con los y las beneficiarios y beneficiarias es clave” porque permite al Estado “llegar más rápido y más eficientemente” a las necesidades. Por otra parte, permite “construir el direccionamiento del Potenciar Trabajo hacia la etapa que viene, que tiene que ver con seguir fortaleciendo sus capacidades productivas”.

La funcionaria también aseguró que “la educación y el trabajo, que son dos de las condiciones del Potenciar, también van a estar muy presentes a partir de que terminemos con esta instancia de validación de datos”.

El último viernes, en el Boletín Oficial, se publicó el Procedimiento de Autogestión, Comunicación y Actualización de Datos del programa Potenciar Trabajo.

La resolución 2035/2022 firmada por Tolosa Paz, establece que “la actualización de datos es un procedimiento personal y obligatorio que se llevará a cabo entre los días 22 de noviembre de 2022 y el 6 de enero de 2023 para todas las personas que integran el programa”.

El objetivo es “desarrollar un canal de comunicación y de actualización de datos de los titulares del Programa Potenciar trabajo dentro el entorno de la App Mi Argentina” y “validar la identidad de todos los titulares del programa mediante validación de datos filiatorios y verificación antropométrica” por medio de la aplicación.

También se busca “actualizar y ampliar la información nominal disponible sobre los titulares del programa ya identificados en la app Mi Argentina a los efectos de promover mayor transparencia en la gestión y adecuar las acciones del programa en términos de los saberes previos y aspiraciones laborales de los titulares”, agrega uno de los anexos publicados.

El trámite es gratuito y obligatorio para todas las personas destinatarias del programa, y podrá realizarse hasta el 6 de enero de 2023 a través de la aplicación Mi Argentina. “Este trámite es condición ineludible para mantener el Potenciar Trabajo, y solo deben cumplirlo las personas que ya se encuentran en la nómina del programa, ya que no habrá nuevas altas”, indicaron desde el ministerio.

Además, señalaron que “quienes tengan dificultades para cumplimentar el procedimiento, pueden acercarse con su celular a la Unidad de Gestión a la que pertenecen o al Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social más cercano a su domicilio, donde recibirán ayuda para completarlo”.

“Esta información será muy útil para seguir trabajando con gobernadores, intendentes y Unidades de Gestión en el fortalecimiento de unidades productivas y la búsqueda de la actividad laboral con el programa Puente al Empleo”, señaló Tolosa Paz a través de un comunicado.

La titular de la cartera había anticipado la semana pasada en conferencia de prensa la realización de una auditoría interna de los procedimientos administrativos para detectar posibles inconsistencias en los procesos de alta y baja del programa Potenciar Trabajo. “Si hay debilidades en nuestros propios sistemas, con ese informe tomaremos decisiones para mejorar el control de los procedimientos”, subrayó en esa oportunidad.

También dijo que “hay un proceso de investigación, por eso sometemos esta información a que la Justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias estableciendo si hubo o no delitos”.

La ministra detalló en la conferencia que a partir del 22 de este mes y hasta el seis de enero próximo los beneficiarios del Potenciar Trabajo “deberán efectuar la revalidación biométrica de identidad de los titulares del programa” a través de una app o en la web de Mi Argentina (https://www.argentina.gob.ar/miargentina), que será “en forma gratuita, transparente y obligatoria”, y que quienes no la hagan “quedarán excluidos” del programa.

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CFK tendrá el martes la oportunidad de pronunciar palabras finales ante el Tribunal

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.
Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

“Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente”, sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que “así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial”, dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.
“Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente”

El juicio “está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado”, dijo entonces al calificar como “una vergüenza” a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro a caso de prevaricato”.
“La acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.
Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.
Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.
En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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