El periodico austral

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Oficialismo respalda pedido de Cristina a la Corte para sesiones virtuales

El Partido Justicialista (PJ) y el bloque de senadores del Frente de Todos se sumaron hoy al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia para que dé aval legal a la realización de sesiones a distancia del Congreso mientras estén vigentes las restricciones para circular por la pandemia de coronavirus,

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Paralelamente, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, emitió hoy un dictamen a pedido del máximo tribunal, en el que consideró que “no es su competencia” dirimir esa cuestión y señaló que una eventual declaración de certeza “representaría una intromisión” de un poder del estado en otro.

Más temprano, los senadores del bloque del FdT, que conducen José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y la conducción del PJ, a cargo de José Luis Gioja, enviaron un nuevo pedido a la Corte en el que adhirieron a la solicitud de Fernández de Kirchner para que sea el máximo tribunal el que avale las sesiones virtuales.

En el documento, al que accedió Télam, los representantes del Frente de Todos consideraron que “no es posible” sesionar de manera presencial por “los riesgos” que implicarían los traslados de una provincia a otra en medio de la cuarentena.

En la presentación, argumentaron como necesario sesionar de manera remota así como contar con un aval legal de la Corte para evitar que eventuales leyes emanadas de debates a distancia “nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido”.

El pedido de una declaración de certeza formulado por la vicepresidenta había motivado el rechazo de la bancada de Cambiemos, que consideró que la cuestión podía resolverse “mediante un acuerdo político” en el Congreso.

En su resolución de hoy, el procurador Casal se pronunció en el mismo sentido al sostener que la cuestión planteada “resultaría ajena a la competencia originaria de la Corte”.

Si bien no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar o no en su decisión final, que se espera para los próximos días.

En el escrito enviado esta mañana a la Corte, en representación del bloque del FdT y del PJ, los abogados Eduardo Wesselhoefft y Jorge Landau insistieron con la necesidad de que el máximo tribunal “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.

Los legisladores señalaron la imposibilidad de sesionar de manera presencial en un contexto en que Argentina y el mundo “se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente el normal funcionamiento de las instituciones”.

Consideraron que “es indudable” la existencia de “una situación de extrema gravedad institucional” y calificaron como “imperiosa e impostergable la necesidad de que el Congreso pueda sesionar”.

Los senadores se sumaron al pedido de Cristina Kirchner, con el argumento de que “muchos pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas”.

“También se debe considerar que una eventual sesión presencial, implicaría el riesgo de que, luego de realizada la misma, los legisladores vuelvan a sus provincias transformados en involuntarios propagadores del virus en sus jurisdicciones”, acotaron.

Mayans explicó, a modo de ejemplo, que representa a Formosa, donde por el momento no hay casos de Covid-19 y que en caso de que participara en una sesión en la ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia, se transformaría en “un riesgo para la salud pública local”.

Por eso, los senadores consideraron que “el acceso remoto o virtual, por medio de una plataforma que garantice las adecuadas medidas de seguridad y posibilite la identificación, la plena participación y la transparencia de las votaciones” de los legisladores, “es el método por medio del cual se puede asegurar el funcionamiento del Senado en estos días”.

En una nota enviada la semana pasada a Fernández de Kirchner, senadores de Cambiemos opinaron lo contrario y expresaron su “desacuerdo” con la gestión ante el máximo tribunal al asegurar que “no existe” la situación de “gravedad institucional” invocada para consultar a la Corte.

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Massa denunció a dos empresas por sobrefacturación de importaciones y lavado de activos

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El ministro de Economía, Sergio Massa, ya había anticipado que denunciaría a las empresas que sobrefacturen importaciones y ahora lo hizo. A través de una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 que realizó el pasado viernes 12 de agosto, el titular del Palacio de Hacienda llevó a la Justicia a las empresas NRG Argentina S.A. -que opera en Vaca Muerta- y a MARDG S.A.S., y también a sus directivos. Asimismo requirió que a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) se ponga en conocimiento de esto al FinCen (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo que va contra los delitos financieros en Estados Unidos.
El monto ilícito sería de 12 millones de dólares. De acuerdo a lo que precisaron fuentes ligadas a la denuncia al diario La Nación, la presentación se realizó en la Justicia local porque el procedimiento sería “más rápido” que encararlo directamente en Estados Unidos. La idea es generar “percepción de riesgo” para el resto de las compañías y, es más: llegarían nuevas acciones contra otras firmas.

El documento judicial al que pudo acceder este medio precisa que el Ministerio de Economía se notifica de estas supuestas irregularidades a través de una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y acusa a las compañías por el presunto “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas”.
La acción va dirigida contra NRG Argentina S.A., Damián Strier, Oscar Cesar Darío Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull y MARDG S.A.S., que habrían aplicado al mercado económico y financiero “ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado divisas al exterior de forma indebida”.
A través del documento, entonces, se requirió al Banco Central que en un plazo de tres días envíe información sobre los giros de divisas que estarían vinculados a las compañías. Asimismo, se le pidió a la DGA que remita datos sobre el modo en que se registraron ocho destinaciones de importación ante el servicio aduanero en el exterior, en cooperación con la Aduana de Estados Unidos. Esto último pretende el detalle al menos del exportador y del importador, la descripción de la mercadería, el precio de la operación, las facturas presentadas y los agentes intervinientes.
“Se solicita que se requieran las facturas emitidas por Marull Heavy Equipment LLC vinculadas a las operaciones investigadas, como también toda información relativa a los pagos efectuados por la mercadería, individualizando fecha, modo e importes, y todo otro dato que obre en los registros”, pidieron a la DGA también desde el Ministerio de Economía.
Es que hay una presunción de que la importadora NRG Argentina S.A. habría girado divisas en el exterior a la vendedora Marull Heavy Equipment y que existiría una vinculación comercial entre esas dos firmas a través de una tercera sociedad, que es MARDG S.A.S.
En tanto, además hay una solicitud a la Dirección de Planificación Penal de la AFIP para que informe, también en un plazo de tres días, si algún contribuyente relacionado a NRG Argentina y MARDG S.A.S exteriorizó bienes.
El último punto solicita “amplia colaboración” a la UIF para que ponga en conocimiento de esta denuncia a la FinCen y para que marque si existen reportes de operación sospechosa de lavado de activos referentes al exportador Marull Heavy Equipment LLC; a NRG Porppants LLC constituida en Delaware, Estados Unidos; y a Tejon Mining LLC, la principal accionista de la anterior, que se “encontrarían vinculadas a actividades comerciales y financieras” con los denunciados.
A principios de agosto, Massa prometió hacer este tipo de presentaciones judiciales al decir que había 13.000 operaciones sospechosas vinculadas a casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, de parte de 722 empresas.

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El Frente de Todos “protegerá el contrato electoral” con la sociedad, dijo Katopodis

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El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó este domingo que el Frente de Todos (FdT) “va a proteger el contrato electoral” con la sociedad y agregó que el yacimiento de “Vaca Muerta y el litio representan un Estado al servicio del desarrollo”.

El ministro consideró en una entrevista con El Destape Radio que en la Argentina “la única manera de mejorar la economía es distribuir mejor lo que se produce” y consideró que siguiendo en este camino le esperan momentos de “prosperidad”.

En ese marco, destacó que “Vaca Muerta y el litio representan un Estado al servicio del desarrollo”.

“En el peronismo no sabemos de ajuste. Sabemos de poner en marcha la maquina productiva”, afirmó el titular de Obras Públicas, y agregó que para el peronismo la prosperidad representa “consumo, trabajo y calidad de vida”.

En cambio, alertó, “la derecha y el neoliberalismo” cuando se refieren a un país próspero piensan en “la timba y el negocio para pocos”.

Dijo que en las futuras elecciones la tarea del Frente de Todos (FdT) debe ser “traducir estos dos modelos” de país que se plantean en “dos destinos claros y diferentes para la vida cotidiana de la gente” en los próximos años.

Aseguró Katopodis que desde el FdT “vamos a proteger nuestro contrato electoral” y advirtió que “el día que quebremos eso, ahí se quebró el FdT”.

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Mañana volverá a sesionar el Parlamento Patagónico

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Los legisladores que integran el Parlamento Patagónico sesionarán por segunda vez en el año desde este martes y hasta el jueves inclusive, dando tratamiento a 40 asuntos de la más diversa índole.

El encuentro de las seis provincias de la región se concretará en Rawson y Puerto Madryn, y será presidido por el legislador Emmanuel Trentino, junto a la vicepresidencia de la legisladora Mónica Acosta y la secretaría a cargo del legislador Federico Greve.

Entre los numerosos asuntos a tratar, se encuentra un proyecto de declaración impulsado por la provincia del Chubut solicitando a las provincias de la región que aún no la posean, la creación de la Defensoría de las Infancias y la Adolescencia.

Por su parte, nuestra provincia presentó un proyecto repudiando los ejercicios militares británicos en el área de Malvinas, tomado como acto de provocación militar y exhibición de poder militar en territorio argentino ilegítimamente ocupado en abierta violación a las Resoluciones de Naciones Unidas y las recomendaciones de su Comité Especial de Descolonización.

Además, a pedido de la provincia de Neuquén, se busca declarar de interés legislativo el restablecimiento, por parte del Gobierno nacional, de una tarifa eléctrica diferencial para la región Comahue dirigida a todos los usuarios y agentes que operen en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y que pertenezcan a la región Comahue, conocida históricamente como tarifa Comahue, para que las tarifas eléctricas aplicadas a los usuarios de esta región, contemplen el diferencial derivado de la condición de zona productora de energía eléctrica con cualidades y atributos de eficiencia y sustentabilidad ambiental.

En tanto, la provincia de Río Negro presentó un proyecto de recomendación para el urgente tratamiento del proyecto de ley N° 1010/21, que busca? ? amortiguar costos sobre el consumo de productos que son de imperiosa necesidad y que impactan en el costo de la canasta básica alimentaria.

Del mismo modo, a solicitud de Río Negro, el Parlamento tratará un proyecto para solicitar al? Poder Ejecutivo Nacional y a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A -YPF S.A. que fije su domicilio legal y la sede central en la Patagonia.

Además pedirán a la Cámara de Senadores de la Nación Argentina, que impulsen con carácter de urgente el tratamiento del Proyecto de Ley “Creación del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer” y su inmediata incorporación al Sistema de Salud de la Nación.

A pedido de la provincia de Santa Cruz, el Parlamento Patagónico solicitará a Aerolíneas Argentinas S.A., la implementación de un descuento del cincuenta por ciento (50%) del precio de la tarifa de vuelos regulares de cabotaje ida y vuelta, a favor de estudiantes residentes en las Provincias Patagónicas con libreta universitaria y certificado estudiantil.

Además se solicitará a la línea de bandera que implemente tarifas diferenciales para residentes de las provincias patagónicas.

Asimismo, los legisladores solicitarán al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio a la Fuerza Aérea Argentina y al Ministerio de Defensa de la Nación, que los nuevos recorridos de las líneas aéreas LADE recientemente comunicadas incluyan, en sus rutas aerocomerciales, a la provincia de La Pampa ampliando la oferta de destinos en la Patagonia Argentina.

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