El periodico austral

Provinciales

Piden habilitar feria judicial para detener obra de las represas

La Fundación Banco de Bosques acude a la Corte Suprema para solicitar que se trate la medida cautelar presentada en diciembre pasado, y que se pare la obra, luego que se detectaran fallas durante la construcción en la presa Cóndor Cliff. Dos pedidos anteriores fueron rechazados por un juez.

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Mientras la Corte Suprema extiende la Feria judicial extraordinaria, por  la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio decidido por el Poder Ejecutivo Nacional, las obras de las represas continúan y avanzan, según lo informa y reconoce la propia UTE en su sitio web

Ante ello la fundación Banco de Bosques, solicitó al supremo tribunal la habilitación de la Feria Judicial, con el objetivo de tratar y que se “haga lugar a la medida cautelar”, oportunamente peticionada por esta ONG,  “y ordene la suspensión de las obras, hasta que se elabore un nuevo Estudio de Impacto Ambiental”.

El pedido de medida cautelar se remonta al 18 de diciembre de 2019, cuando se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº12 Secretaría Nº 24. El expediente quedó detenido primero por la Feria de verano, pero al poco tiempo de habilitarse el año judicial, sobrevino la contingencia de la pandemia que determinó la cuarentena, lo que paralizó la actividad en el Poder Judicial.

Pero como la obra de las represas continúa, la ONG entiende que es imperioso resolver sobre la solicitud, ya que denuncia que se harán daños irreversibles al ambiente.

Por ello semanas atrás Banco de Bosques pidió la habilitación de feria ante el Juez Dr. Lavié Pico, que subroga a la titular del juzgado Macarena Marra Gimenez. Pero el magistrado federal decidió rechazar tal solicitud alegando que “la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados no entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos”.

En tal sentido el Dr. Cristian Fernández, abogado de la ONG, dijo que la respuesta del juez fue un “copia y pegue”, ya que se olvidó de cambiar el mes, debido a que el pedido de levantamiento de feria se realizó hace un par de semanas atrás.

La ONG ambientalista insistió con un recurso de reposición contra dicha resolución por lesionar la tutela judicial efectiva, pero el mismo también fue rechazado por Lavié Pico.

En un escrito presentado horas atrás en forma electrónica y al que accedió AHORA CALAFATE, Banco de Bosques explica que “el objeto de esa medida cautelar consiste en detener las obras en las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa hasta que se implemente el Observatorio Ambiental web, se publique el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se convoque a una nueva audiencia pública para debatir los riesgos socio-ambientales del rediseño y la reubicación las estructuras de hormigón para el desvío del río, y el vertedero de Cóndor Cliff”

Asimismo, había solicitado que se ordene a IEASA y la UTE publicar declaraciones juradas de los Ingenieros a cargo de la obra y de los funcionarios que la supervisan, con nombre y apellido acerco de lo acontecido en Cóndor Cliff respecto de los deslizamientos, grietas, problemas geológicos y cualquier otro defecto o accidente allí ocurrido.

La medida cautelar se basó fundamentalmente en el reconocimiento de parte de UTE a cargo de las represas y la Secretaria de Energía de Nación de estas fallas en el proyecto, las cuales “revisten seriedad, gravedad y dan cuenta de que se han despreciado variables de riesgo en el pasado”.

“Resulta inadmisible la liviandad con la que la Secretaría de Energía pretende justificar la reubicación de las obras bajo el eufemismo de una cuestión técnica de relevancia. Desde luego que trasladar la obra de una margen a otra tiene implicancias sociales, ambientales y ecosistémicas. El grado de improvisación con el que actúa la demandada revela un obrar negligente que de ninguna manera se condice con eminentes principios de política ambiental como lo son el principio preventivo y el principio precautorio”, afirma el escrito presentado.

 

Fuente: Ahora Calafate

Policiales

Diversidad Calafate califica como “Homo odio” la muerte de Rueda

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La muerte de Antonio Rueda está en plena investigación, a cargo de la policía y el Juzgado de Instrucción. El hombre de 45 años falleció el miércoles por la tarde en el Hospital SAMIC. Horas antes había sido atacado a golpes por un joven de 18 años, que permanece detenido y hoy será llevado a indagatoria.

Mientras se investigan las circunstancias que rodean al hecho, la ONG Diversidad Calafate emitió un comunicado calificándolo como un crimen de “homo odio”. Así se califica al el odio y rechazo a las personas homosexuales, transexuales, bisexuales y demás disidencias del colectivo LGBTQ+

“Ante los hechos de público conocimiento, queremos acompañar a la familia Rueda en este momento tan difícil.  Desde nuestra organización  repudiamos todos los hechos de homoodio” manifiesta e comunicado de la ONG.

“Antonio Rueda se quedó en el pueblo a pesar de la discriminación que sufrió durante su adolescencia. A pesar de todo hoy no está entre nosotros. Pero él nos dejó el mensaje de seguir la lucha como una semilla que florecerá en cada uno de nosotres” indica Diversidad Calafate, que reclama “Justicia por Antonio” asegura que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

De acuerdo a las consultas realizadas por Ahora Calafate, el propio Rueda habría dicho a familiares y personal del hospital que el joven ahora detenido lo agredió “por puto”. Una declaración en ese sentido habría sido aportada por un testigo presencial de la pelea.

“Nuestras leyes deben asegurar y garantizar el libre  caminar de nuestra comunidad por toda la sociedad. Confiamos en que la justicia hará que los responsables paguen por su accionar así nuestro colectivo podrá caminar sin miedo a ser golpeadxs o asesinadxs”, culmina el comunicado.

Fuente: Ahora Calafate

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Provinciales

Caja de Servicios Sociales: Recuerda que el valor de la consulta médica es de $300

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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la obra social provincial, resaltó la importancia de este valor que se sostiene desde el 2021 con el objetivo de brindar seguridad y equidad a la hora de acceder a consultas médicas con prestadores de la Caja de Servicios Sociales.

Desde el 1° de junio del año pasado está en vigencia la resolución 4137/21 que establece el costo de trescientos pesos como valor de la consulta médica a lo largo y ancho de Santa Cruz, regularizando el acceso a los servicios de salud. Desde la CSS se recuerda a prestadores que existe un régimen sancionatorio para quienes incumplan.

Se han detectado cobros irregulares de manera informal. Desde la institución no se puede estar presente en el intercambio profesional de la salud-paciente por lo que se promueve que se notifique a través de la plataforma oficial de la obra social: css.gov.ar/cobroindebido. Se trata de una herramienta digital accesible en la que se debe adjuntar un recibo, que se puede solicitar y firmar en disconformidad y aclarar los datos del o la prestadora. Es gratuita, confidencial y segura, se redirige al área de Asesoría Letrada de la Caja.

No es una plataforma de denuncia, es una notificación que se evalúa. En esta misma línea de consulta justa, se recuerda que las recetas no se cobran. El valor de la consulta comprende la confección de todas las prescripciones de medicamentos que se precisen. En la consulta médica el o la profesional debe ver y dialogar con la o el paciente. La obra social santacruceña insiste en la necesidad de gestar lazos transparentes entre profesionales y afiliadxs.

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Provinciales

Petroleros Privados repudió el accidente en batería Magallanes

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El Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, representado por su secretario general, comisión directiva y cuerpo de delegados, hicieron público su más enérgico repudio al incidente ocurrido en el yacimiento Batería Recepción Magallanes (BRM), “ocasionado claramente por la desinversión que viene llevando adelante esta operadora de capitales chilenos”.

Esta situación ya habría sido reiteradamente denunciada por esta institución ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Instituto de Energía Santa Cruz (IESC) con la presentación de un informe realizado por peritos calificados contratados por esta entidad sindical, “donde se expone el estado crítico de todas las instalaciones, y se solicita a las dependencias del estado anteriormente mencionadas que tomen cartas en el asunto y se realicen las inspecciones pertinentes tanto en las plataformas off-shore como en sus instalaciones en tierra”.

“Hacemos netamente responsables a la operadora estatal YPF y su subsidiaria Sipetrol del accidente propiamente dicho, ocasionado por la falta de inversión de sus yacimientos, que expone claramente las negligencias e incumplimiento de los procedimientos establecidos, y la falta de compromiso con la seguridad y la salud de los trabajadores de dichas firmas”, puntualizan en un comunicado.

En este sentido, esta institución gremial manifestó ponerse “a disposición de los compañeros afectados y sus familiares, deseándoles una pronta recuperación”.

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