El periodico austral

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Realizan la autopsia al cuerpo de Rodrigo Curaqueo

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Los peritajes sobre el cuerpo del joven de 19 años fueron dispuestos por la Justicia pese a que dio positivo a coronavirus post mortem. Su madre había viajado a Puerto Deseado para constatar que el cuerpo de su hijo se encontrara en la Morgue Judicial.

Andrea Muñoz, madre de Rodrigo Curaqueo, el joven que fue hallado muerto en el calabozo de la Comisaría Quinta de Caleta Olivia, viajó el lunes a la mañana a Puerto Deseado. La mujer quería constatar que el cuerpo de su hijo se encontrara en la Morgue Judicial de aquella ciudad. Volvió a pedir justicia y manifestó que a su hijo le quitaron la vida.

“Siento un dolor inmenso, insoportable y no encuentro explicación… tengo mucho dolor y es mío y de mis hijos. Me crié junto a ellos porque fui mamá muy joven y a mi nene me lo arrebataron así de la nada. Solamente lo habían llevado para calmarlo con la situación de ingesta de alcohol”, mencionó con lágrimas en los ojos. “Por cómo estaba, lo tendrían que haber llevado al Hospital Zonal, la Policía actuó mal”, agregó.

 

En ese marco, este mediodía comenzó la autopsia al cuerpo del joven. Así lo había ordenado la Justicia, pese a que los resultados de su test a Covid-19 había sido positivo post mortem.

El hecho

El miércoles de la semana pasada, Andrea Muñoz llamó a la Policía por violencia intrafamiliar. Su hijo, Rodrigo Curaqueo había llegado en estado de ebriedad y comenzado a agredirla verbalmente a ella y a su pareja (padrastro del joven), además de causar destrozos en la vivienda familiar. La mujer le pidió a los efectivos que lo dejarán preso.

De acuerdo a las palabras de familiares y amigos del joven, el tendría que haber estado libre a las 15 horas de ese mismo miércoles, tras cumplir las 6 horas de aprehensión, sin embargo, fuentes policiales aseguraron que cuando fueron a buscarlo para liberarlo, lo hallaron ahorcado.

 

A partir de que la madre supo que su hijo había aparecido muerto en las instalaciones de la comisaría Quinta -del barrio Rotary XXIII- según dijo ella, más de 8 horas después de ser hallado por la Policía, jóvenes y familiares protestaron afuera de la dependencia policial.

 

Aquella noche muchos vecinos y vecinas de la localidad de El Gorosito desconocían de que se trataban los gritos, insultos, piedrazos, gases lacrimógenos y balazos que oían cerca de la seccional. En redes sociales, comenzó a hacerse viral que había muerto un joven.

“La Policía mató un pibe”, fueron los mensajes que se compartían en redes sociales. “Otro Gustavo Gerez”, reclamaba parte de la comunidad, en relación al hecho del 2016, que causaron disturbios en la comisaría Primera, similares a los acontecidos en los últimos días por Curaqueo.

 

Sin embargo la versión oficial es que el joven de 19 años se colgó con su campera en la celda y fue descubierto por un oficial alrededor de las 16 horas.

 

La noche posterior también hubo incidentes en la Comisaría Quinta, esta vez con bombas molotov y tiros a la dependencia y los efectivos policiales.

 

El viernes arribó el ministro de Seguridad de Santa Cruz a Caleta Olivia, Lisandro De La Torre, quien confirmó que “se dispuso directamente llevar las actuaciones de oficio de la investigación e inclusive apartar a la fuerza provincial y automáticamente trabajar con los profesionales del poder judicial en las medidas probatorias”.

 

“Se determinó realizar la autopsia, pese a que la persona fallecida dio positivo de Covid-19, teniendo en cuenta que no se están realizando este tipo de medidas por la exposición de los profesionales se va a realizar la autopsia en los próximos días debido a los protocolos de bioseguridad”, dijo.

 

Asimismo, aclaró que se está llevando a cabo una investigación interna, “estamos en proceso de un sumario interno, en la cual se determina esclarecer qué fue lo que sucedió y en ese proceso seguramente se va a suspender preventivamente a los efectivos involucrados para buscar esclarecer los hechos”.

Fuente: La Opinión Austral

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Marcelo Corazza en la cárcel: detalles de la causa

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El ganador de la primera edición del reality Gran Hermano en Argentina, allá en el año 2001, atraviesa el momento más complicado de su vida. El lunes pasado, en su vivienda de Buenos Aires, Marcelo Corazza fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en un operativo que en cuestión de minutos tomó gran trascendencia nacional.

El muchacho, que había participado el domingo por la noche de la última gala de eliminación de Gran Hermano 2022, fue detenido e incomunicado, y las imágenes de él esposado comenzaron a circular por todos los portales de noticias y redes sociales.

Como parte de la causa, Corazza fue llevado a declarar en la jornada del martes, aunque se negó por recomendación de sus abogados defensores. Sin embargo, trascendió que el productor de Telefe repitió numerosas frases. “No tengo nada que ver con esto. Estoy pasando el peor momento de mi vida”, habría repetido una y otra vez el famoso que se encuentra envuelto en una causa por corrupción de menores.

Además de Corazza, Andrés Fernando Charpenet (53), Francisco Rolando Angelotti (46) y Raúl Ignacio Mermet (45), también fueron detenidos y no se descarta que se sumen personas a la lista de privados de su libertad.
Denuncia y detenciones
La causa se inició tras la denuncia de dos personas de identidad reservada, actualmente mayores de edad, que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años.
Fuentes de la investigación, agregaron que los testimonios se acumularon y ya hay al menos once relatos de jóvenes que padecieron esta situación en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. En el expediente de la causa consta la sospecha de que los abusos ocurrían en “autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares”.
La postura de Gastón Trezeguet
La detención de Corazza cayó como un balde de agua helada en Telefe, el canal de las pelotas que celebra el éxito de Gran Hermano 2022, y en muchos de los famosos que forman parte del reality que se quedó con todo el rating.
Uno de los que rompió el silencio fue Gastón Trezeguet, participante que convivió con Corazza, allá en el 2001. “Mi opinión es como la de muchos. Me da tristeza, me da asco, me da repulsión. Tan solo, el hecho de estar hablando del tema, no me gusta y no me siento cómodo”, sostuvo el panelista.

“Me parece que si es lo que están diciendo todos, que le caiga todo el peso de la ley, y me parece que es así como tiene que ser. Me sorprendió, por supuesto. No lo esperaba para nada. Imaginate que desde que salí de la casa en el año 2000 hasta ahora que empezó este programa, no lo volví a ver a Marcelo. Pero igual te sorprende”, sentenció.

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Caso Báez Sosa: cómo viven los rugbiers en la cárcel

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Transcurrieron 41 días desde aquel mediodía en el que los ocho rugbiers conocieron la condena que recibieron por el crimen de Fernando Báez Sosa. En el medio, un sinfín de rumores y especulaciones que están directamente relacionados al ánimo de los detenidos.

Desde la Alcaidía N°3 del penal de Melchor Romero, donde permanecen alojados, nada cambió: continúan apartados del resto de la población, bajo la misma dinámica establecida durante los meses previos a la realización del debate oral en Dolores.

Quienes frecuentan a los ocho jóvenes no dudan en admitir que el humor no es el mismo. Ante el contacto de TN, un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) incluso fue tajante al definir la situación del grupo: “Están resistiendo”.

Desde el organismo provincial desmintieron que haya habido una ruptura entre ellos o que alguno decidiera correrse de la estrategia comandada por el abogado Hugo Tomei. “Están juntos y esperan que este año haya novedades respecto al fallo de Casación”. 

El pedido del abogado de los rugbiers

En los últimos días, Tomei solicitó la absolución de los tres rugbiers condenados a 15 años (Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi) y la reducción de la pena para los cinco acusados que fueron sentenciados a prisión perpetua (Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli).

En los próximos días entregaría el escrito el particular damnificado, a cargo de los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, quienes también apelarían la sentencia y solicitarían una condena a prisión perpetua para los ocho rugbiers, según anticiparon.

El recurso de apelación ante Casación que presentó Tomei fue el mismo que solicitaron los fiscales del juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, pero con un planteo opuesto al abogado de los rugbiers. Dávila y García pidieron ante el mismo tribunal que no sean cinco los condenados a perpetua y que los ocho sean considerados como coautores del “homicidio agravado” y reciban el máximo castigo.

A través del entorno del abogado, la defensa confía en que esta nueva instancia judicial resulte favorable para los detenidos. También que la pena que recibieron los ocho no sorprendió a Tomei: “Él cree que el sistema judicial no está apto para soportar la presión mediática”.

El factor que mantiene intranquilos a los detenidos

El letrado de Zárate también entiende que una de las principales inquietudes que atraviesa a sus defendidos está relacionada con el traslado a otro penal. Los ocho, a pesar de las diferencias o discusiones que puedan tener, se aferran a mantenerse juntos mientras permanezcan detenidos.

Si eso sucede, a él no lo van a notificar”, explican desde el SPB. Es decir, que los jóvenes podrían ser trasladados de la noche a la mañana sin previo aviso, a cualquier unidad penitenciaria, juntos o separados.

Esta posibilidad, imposible de manejar para la defensa de los rugbiers, es justamente el factor que más incomoda a los detenidos. Si bien el máximo deseo de todos es que la Justicia reduzca sus penas, el hipótetico escenario de separación y traslado los mantiene intranquilos.

“Saben que pueden ser subidos a una unidad móvil y notificados en el momento de que van a ser alojados en otro penal. Eso puede suceder cualquier día, a cualquier hora. Lo último con lo que cuentan en la cárcel es con certezas”, indicó una fuente cercana al expediente.

Desde el SPB completaron: “Algo que se sabe y no se dice es que pocos están dispuestos a pagar el costo de un traslado. O mejor dicho: que queden expuestos en otra cárcel y sean atacados. Son los presos más conocidos de la Argentina, no va a ser fácil”.

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Detuvieron al narco que envió una amenaza a sus vecinos en Rosario

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El fiscal de Balaceras Federico Rébola, a través de medidas que llevó a cabo con la Agencia de Investigación Criminal, había identificado hace casi diez días atrás al presunto miembro de la banda narco “Los Salteños” que envió un video intimidatorio a la familia de Máximo Jerez, el niño de 12 años que fue asesinado en Rosario. Este viernes, tras un operativo en el que también participaron las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), el hombre en cuestión: Uriel Leandro E. —19 años— fue detenido.

El fiscal Rebola, según precisaron fuentes judiciales a Infobae, llevará al detenido a audiencia imputativa el próximo martes. Vale destacar que en también fueron parte del operativo la Unidad Especial de Investigación del crimen organizado, además de las TOE. En la investigación e individualización participó también la Brigada de Balacera y Extorsiones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Tras un trabajo de inteligencia e informes preliminares, las autoridades allanaron el domicilio ubicado en la calle Cavia al 1400, de la ciudad de Rosario. En este lugar, tal como precisaron las fuentes, se logró la captura del hombre.
Uriel, el presunto gatillero, es la persona que se colocó una máscara para amedrentar a los vecinos del asentamiento “Los Pumitas”, del barrio Empalme Graneros, para exigirles que devolvieran todos los elementos que habían robado de las construcciones que pertenecen al clan Villazón, que lidera la banda de “Los Salteños”.
“Escuchen, manga de giles. Van a tener que devolver las cosas, o sino todos los días les vamos a dejar un muerto. Todas estas balitas son para ustedes. Más vale que devuelvan las cosas o les damos plomo, giles”, les dijo a través de la filmación que hizo llegar aquel martes por la madrugada a los vecinos a través de Facebook y de Whatsapp.
En este escenario, los cinco detenidos por el asesinato de Máximo Iván Jerez —el chico de 12 años perteneciente a la comunidad qom que el 5 de marzo pasado fue asesinado medio de una balacera contra un búnker en el asentamiento Los Pumitas— fueron imputados en la mañana del último martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Tras la acusación del fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta, el juez penal de primera instancia Hernán Postma resolvió dejar a todos bajo prisión preventiva.
Spelta sentó en el banquillo a los hermanos Maximiliano Oscar Castillo (24 años) y Nicolás Ariel Castillo (25), considerados los presuntos coautores del ataque que tuvo lugar aquel domingo aproximadamente a la 1.30. Esos dos sospechosos, según apuntaron investigadores policiales, son primos de Alex “Arañita” Ibáñez (22), un preso de la cárcel de Piñero cuya celda fue requisada por esta causa.
Ibáñez, según testimonios que son materia de investigación, lidera desde la cárcel una presunta banda narco que disputa a tiros el territorio con la organización “Los Salteños”. Es quien, se presume, podría estar detrás de la instigación de la balacera contra el búnker que terminó en el crimen y disparó una crisis institucional que llevó a un nuevo desembarco de fuerzas federales. No obstante, por el momento no está formalmente acusado.
En la audiencia de aquel martes, el fiscal ubicó a Maximiliano Castillo como conductor del Honda Civic negro con vidrios polarizados que fue utilizado para la balacera ocurrida en Cabal al 1300 bis en la que murió Jerez y otros tres menores resultaron heridos. En tanto, a Nicolás le atribuyó haber estado dentro del auto al momento del hecho.
La balacera, según explicaron fuentes de la investigación a Infobae, estaba dirigida a los domicilios del clan Villazón, que lidera a “Los Salteños”, pero los tiros impactaron en los nenes que jugaban a metros de esas construcciones, donde también se vendía droga, de acuerdo a testimonios de vecinos que protagonizaron una pueblada contra los dealers.

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