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Santiago Maldonado: Reclaman investigación por “desaparición forzada”

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Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven artesano desaparecido durante una violenta represión llevada a cabo por Gendarmería en el noroeste de Chubut el 1° de agosto de 2017, y cuyo cuerpo sin vida fue hallado luego de 78 días, reclamó que la Corte Suprema ordene que la causa se investigue como una desaparición forzada seguida de muerte, a cuatro años de ese caso que conmovió a la sociedad argentina.

“La verdad, al cabo de cuatro años, la causa está parada y a la espera de que se resuelva en la Corte Suprema para que se investigue la muerte de Santiago como un caso de desaparición forzada y con otro magistrado. Creemos que el juez (Gustavo) Lleral no investigó como se debía. No hubo una reconstrucción de los hechos que determinaron la desaparición de Santiago”, señaló a Télam el hermano de Maldonado.

Sobre la evolución del expediente en las distintas instancias del Poder Judicial, agregó: “En la causa se hicieron un montón de cosas mal. Pero la Cámara de Comodoro (Rivadavia) y Casación ratificaron todo y ahora estamos en la Corte. Es un peloteo que no termina más”.

Los hechos

El 1° de agosto de 2017 Santiago Maldonado participaba en una protesta que la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen realizaba cerca de la localidad de Esquel con un corte de la Ruta 40 que se había levantado el día anterior, en el marco de un conflicto de tierras que esa comunidad mantenía con el grupo empresarial Benetton.

Ese día, la Gendarmería realizó un operativo represivo para desalojar la ruta pero además ingresó al predio del Pu Lof con el pretexto de la figura de flagrancia para perseguir a los manifestantes hasta las orillas del río Chubut, y en medio de ese accionar Santiago desapareció.

El cuerpo sin vida del joven artesano fue encontrado el 17 de octubre de 2017, en las gélidas aguas de ese río, en un lugar donde la familia denuncia que “se rastrilló tres veces antes” sin que se hubieran producido ningún tipo de hallazgos.

La investigación

“Lleral concluyó que ‘las frías aguas del Río Chubut estaban esperando’ a Santiago y para él todo terminó ahí. No tomó declaraciones que le pedimos y no se realizaron las pericias que requerimos sobre ropas y elementos que había en el cuerpo de Santiago”, cuestionó Sergio Maldonado en diálogo con esta agencia.

Sergio vive en Bariloche, provincia de Río Negro, y desde hace cuatro años impulsa junto a su familia que la causa de Santiago se caratule y se siga investigando como una desaparición seguida de muerte, y cuestiona desde entonces el proceder que tuvo la Justicia.

“Siempre se dijo que en la autopsia de Santiago habían participado 55 peritos cuando en realidad eran 24, y solo dos estuvieron de forma presencial, el resto lo siguió por una pantalla. El juez dijo en ese momento que ‘no se registraban signos de violencia’ y parece que todo quedó ahí. Al día de hoy ningún forense me puede decir cuál fue la causa de la muerte de mi hermano”, cuestionó.

Sergio planteó, además, otras objeciones sobre el proceder del Poder Judicial durante la instrucción de la causa en relación al procedimiento por el cual se halló el cuerpo de Santiago y al lugar exacto en el que fue localizado.

“En la costa donde fue encontrado Santiago había sauces y muchas plantas de rosas mosquetas. Si hubiera pasado cerca de algunos de esos arbustos (el cuerpo) tendría marcas, rasgaduras, roturas en sus ropas, porque es una especie que tiene muchas espinas. Y no se encontró nada de eso”, detalló.

Y en relación a las circunstancias en que se produjo el hallazgo, remarcó: “El día que lo encontraron los perros no ladraron. Era un lugar por el cual habían pasado tres veces. Tenía las huellas dactilares y cuero cabelludo”.

“También se le encontraron billetes y anotaciones que no se le borraron, a pesar de todo el tiempo que dicen que estuvo en el agua. Su cuerpo estaba en condiciones que no datan de una persona que hubiera estado sumergida, sobre todo en una zona llena de fauna”, sostuvo.

Además, Sergio aseguró que al DNI que portaba Santiago al momento de su desaparición “se le perdió la cadena de custodia“, y contó que se lo entregaron en la morgue judicial sin que se supiera donde había estado ese elemento de prueba.

“Se hizo una pericia con un plástico, que se depositó en una batea en el INTI durante varios días y a la temperatura más fría que tiene el agua del río, para ver si resistía. Nosotros objetamos eso y las condiciones climáticas de la pericia. Creemos que se debió haber tomado un promedio de la temperatura, que no es la misma en agosto que en octubre, cuando apareció el cuerpo. Lo más importante era analizar los billetes y las otras cosas que son más propensas a estropearse en esas condiciones”, criticó Sergio.

La represión que la Gendarmería ejecutó sobre los integrantes del Pu Lof fue ordenada por las autoridades del Ministerio de Seguridad, que por esos días encabezaba Patricia Bullrich, hoy titular del PRO.

La actual titular de esa cartera, Sabina Frederic, denunció ante la Justicia penal al exjefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Cambiemos, Pablo Noceti; al exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y al exsubdirector de la fuerza, Ernesto Robino, por supuestos delitos cometidos durante el operativo de despeje de la ruta nacional 40.

“Esa denuncia terminó en el juzgado de Lleral. El mismo juez que no pudo determinar cómo murió mi hermano tiene que investigar a la Gendarmería. Todo es entre ellos. ¿Qué se puede esperar de esta Justicia?”, advirtió Sergio.

El primer juez que estuvo a cargo de la causa por la desaparición de Maldonado fue Guido Otranto, luego apartado por orden de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia tras ser recusado por las querellas.

Otranto ordenó, por pedido de la fiscal Silvina Ávila, que al hermano de Santiago se le realizaran escuchas telefónicas que luego terminaron filtradas a la prensa mientras estaban bajo custodia, lo que originó una causa por espionaje ilegal contra la familia, maniobra en la que también habrían participado efectivos de la Gendarmería que conducían Bullrich y Noceti.

En la actualidad, el expediente por esas escuchas es instruido por el juez federal Daniel Rafecas, quien le tomó declaración a Sergio Maldonado el 7 de mayo de 2019. Hasta ahora no se produjeron avances significativos en la investigación

“Declaré y hasta ahora no pasó nada. Por eso queremos que todas las causas que se originaron por la desaparición seguida de muerte de Santiago se unifiquen en una sola. No puede ser que todo se analice de forma aislada, separada. Eso es lo que le pedimos a la Corte”, exigió.

En cuanto al recuerdo de su hermano, Sergio afirmó que “nunca” se imaginó que la lucha por hallar Justicia “hubiera causado tanto odio de personas que se expresan en las redes sociales y en los foros de las páginas web”.

“Me dan mucha bronca los ataques a la vida de mi hermano. Pero sus ojos siguen ahí, nos interpelan a todos y siguen reclamando Justicia y que la sociedad cambie. Es lo que él escribió en un momento y que leí en un acto que hicimos en Plaza de Mayo, cuando pedíamos su aparición”, recordó.

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Se habilitó el reconocimiento facial a través de la aplicación “Mi AFIP”

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó a partir de este lunes la validación de la identidad por reconocimiento facial por medio de la aplicación móvil “Mi AFIP”, con el propósito de “simplificar y facilitar la realización de los trámites y procedimientos mediante la optimización de recursos tecnológicos que garanticen la integridad, transparencia y seguridad de la información”.

En abril de 2010, la resolución general 2811 creó el registro tributario, captación de datos biométricos, escaneo de firma, huella dactilar y DNI para los contribuyentes, estableciéndose que el trámite debía realizarse en dependencias de la AFIP.

Posteriormente, “el desarrollo de la aplicación móvil ‘Mi AFIP’ dio lugar a la instrumentación de determinadas funcionalidades, a fin de acceder a diversas gestiones de manera más ágil y sencilla”, indicó el organismo recaudador.

“Es objetivo permanente de este organismo, simplificar y facilitar la realización de los trámites y procedimientos mediante la optimización de recursos tecnológicos que garanticen la integridad, transparencia y seguridad de la información”, agregó la AFIP.

“Es objetivo permanente de este organismo, simplificar y facilitar la realización de los trámites y procedimientos mediante la optimización de recursos tecnológicos que garanticen la integridad, transparencia y seguridad de la información”

Asimismo, destacó “la constante cooperación entre esta Administración Federal y el Registro Nacional de las Personas (Renaper)” que permite “adoptar acciones tendientes a promover la mejora de sus respectivas bases de datos y así alcanzar un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios que se brindan a los ciudadanos”.

“En concordancia con ello, se estima oportuno habilitar en la aplicación móvil ‘Mi AFIP’ la opción ‘Datos Biométricos’ para que los contribuyentes y responsables validen su identidad mediante factores de autenticación de biometría de reconocimiento facial a través de dispositivos electrónicos con conectividad móvil, sin la necesidad de concurrir a las dependencias de este Organismo”, precisó.

Para ello, añadió, “corresponde adecuar determinadas normas a los fines de compatibilizar las distintas disposiciones aplicables a la materia”.

La utilización de la aplicación coexistirá con el Registro de los Datos Biométricos habitual, que pasará a revestir “el carácter de método alternativo de excepción ante situaciones en las que no resulte factible validar la identidad a través del uso de la mencionada aplicación”, como puede ser “no poseer documento nacional de identidad (DNI) tarjeta, no contar con conectividad a Internet, entre otros”, aclaró la AFIP.

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La actividad metalúrgica creció un 7,9% interanual en agosto

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La actividad metalúrgica registró un aumento interanual del 7,9% en agosto y acumuló un crecimiento del 7,6% en los primeros ocho meses del año, lo cual representa niveles por encima de los de 2019, según un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra).

De esta manera, la actividad creció 7,9% interanual en agosto y en la comparación con julio de 2022 registró una suba de 0,8%.

Por regiones, se observó un crecimiento generalizado, si bien las provincias de Santa Fe (+4,9%) y Córdoba (+7,8%) presentaron una desaceleración en el ritmo de crecimiento, con aumentos por debajo del promedio.

Por su parte, la actividad en la provincia de Buenos Aires (incluyendo CABA), presentó un aumento de 8,6% interanual, como consecuencia de un incremento de 9,4% en el AMBA y de 7,5% en el interior de la provincia.

En tanto, la provincia de Mendoza (+12,9%) continuó recuperando su nivel de producción, según destacó Adimra.

A nivel sectorial, tuvieron lugar también incrementos interanuales, y los sectores que más traccionaron al alza fueron Carrocerías, remolques y semirremolques (+17,3%), Equipamiento médico (+11,2%) y Equipos y aparatos eléctricos (+10,8%), registrando aumentos por encima del promedio general.

Los sectores Fundición (+2,6%), Autopartes (+6,2%) y Maquinaria agrícola (+6,8%) registraron menor crecimiento en términos interanuales.

Respecto del nivel de empleo, agostó registró un aumento de 2,4% frente al mismo mes de 2021.

Asimismo, en relación a las expectativas de producción, el informe refiere que “se registró una visión levemente menos optimista respecto del mes anterior”, y señala que “el 31% de los empresarios prevé un aumento en su producción y el 25% espera una caída”.

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Causa Vialidad: Sostienen que está demostrada la inocencia de Lázaro Báez

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La defensa del acusado empresario Lázaro Báez sostuvo que, en el marco del alegato que comenzó a exponer este lunes, demostrará “su inocencia” y aseguró que los fiscales de la causa Vialidad perdieron la “objetividad” y que “va a ser desenmascarado” el “doble estandar” que exhibió la parte acusadora.

“El doble estándar exhibido por la fiscalía va a ser desenmascarado”, adelantó el abogado Juan Villanueva en el inicio de su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y en el que Báez tiene un pedido de prisión de 12 años por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Vllanueva comenzó su alegato ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu pasadas las 9.30 y afirmó que quedará demostrada la “inocencia” del dueño de Austral Construcciones.

Luciani y Mola perdieron la “objetividad”, sostuvo el letrado, que dijo que lo fiscales actuaron con un “doble estandar” a la hora de acusar y que eso “va a ser desenmascarado”.

“La fiscalía ante todo eligió ignorar la prueba producida en el juicio y continuar con una acusación que durante el debate se probó falsa”, agregó.

Villanueva recordó que, desde que se inició el juicio, hubo 89 audiencias con más de 90 testigos.

“Para nosotros fue llamativa la total ausencia de cobertura de este debate en los medios masivos de comunicación, salvo por algunos pocos periodistas. Fue llamativa porque, audiencia tras audiencia, los testigos propuestos por el Ministerio Público fiscal destrozaron la acusación”, expuso.

“Si el objetivo de este proceso era vulnerar todas las normas básicas del debido proceso, sin ninguna duda lo lograron. Esto también es un récord infame con el que va a pasar a la historia esta causa”, añadió.

El abogado sostuvo que se construyó “un relato basado en mentiras repetidas hasta el hartazgo”.

El defensor del empresario acusado de haber sido beneficiado con el 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz en el período investigado agregó que “lo que más” llamó la atención “es haber tenido que escuchar al final del juicio a los fiscales intentado ocultar todo esto” e “ignorando de manera deliberada las cientos de evidencias que se produjeron en este juicio”.

Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y por el que cumple con arresto domiciliario.

El dueño de “Austral Construcciones” enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron “prevaricato”.

Báez está acusado por supuesta “asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”.

Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.

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