El periodico austral

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Senadoras rechazan prisión domiciliaria para acusados de delitos sexuales

Las senadoras nacionales se manifestaron hoy en contra de la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria para los acusados de delitos contra la integridad sexual o de hechos de violencia contra las mujeres “por los riesgos que podría implicar para las víctimas”.

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“La violación, el abuso sexual, el femicidio y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y niñas especialmente y de ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres”, expresaron.

A través de un comunicado de prensa emitido por la Comisión de la Banca de la Mujer, que reúne a todas las legisladoras que integran el Senado de la Nación, se pone de manifiesto que “los ámbitos carcelarios ofrecen dificultades a la eficacia de las medidas de distanciamiento con que el gobierno viene intentando retrasar los niveles de contagio por Covid-19”.

“Pero en estos difíciles y complejos momentos que estamos atravesando, en los que el aislamiento social, preventivo y obligatorio profundiza y recrudece la violencia por razones de género, es que los esfuerzos tienen que estar también concentrados en garantizar el acceso a la justicia y a la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas”, subrayó el documento.

Además, agregó que, “atento a la gravedad de sus actos, las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres, deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios”.

También se remarcó que se deben “extremar los cuidados sanitarios para evitar contagios, pero nunca desamparar a la sociedad ni a las víctimas, devolviendo a las calles a quienes cometieron delitos que vulneran las autonomías de las mujeres, sin haber finalizado previamente su condena”.

El documento fue emitido cuando se debaten posibles excarcelaciones para presos considerados como parte de grupos de riesgo ante la pandemia de coronavirus.

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Aumentó la participación de las mujeres en el sector minero público

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La participación de mujeres en el sector público minero aumentó en un 44,8 % y registró una paridad del 79% en 2021, situación que disminuyó las brechas salariales, siendo más reducida que en otras actividades.

“El sector público minero es un ámbito paritario en cuanto a participación laboral, con un 44,8% de participación de mujeres. Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos sobre los organismos mineros según categoría de paridad, que arrojaron valores del 79 % de participación laboral paritaria en 2021”, sostiene el informe presentado por la Secretaria de Minería.

Asimismo, las brechas salariales entre hombres y mujeres son más reducidas que en otras actividades, y esto se debe a que las mujeres tienden a desempeñarse en puestos de mayor calificación.

“En 2021 el sector minero registró un 27% correspondiente a las brechas salariales entre hombres y mujeres en el sector, siendo más reducidas que en otras actividades; esto se debe a que las mujeres que trabajan en minería tienden a desempeñarse en puestos de mayor calificación”, expresa el documento.

Históricamente, la minería ha sido un sector con predominio del empleo masculino; en este sentido, si bien los porcentajes de participación de las mujeres han crecido lentamente, aún resta un extenso camino por recorrer.

En esta línea, la Secretaría de Minería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo cuenta con un equipo propio de género, que busca robustecer la representación de mujeres y diversidades en la industria, así como la promoción de la perspectiva de género de manera federal en las políticas públicas.

Actualmente, los proyectos mineros en el país abarcan alrededor de 35.700 personas, de las cuales 3.500 son mujeres dentro del sector; alcanzando un 9,5 % de participación en 2021.

“En el año 2007 se registró una participación del 5% de mujeres en el sector y a fines del 2021 alcanzó un 9,5%, correspondiente a 3.500 mujeres”, puntualiza el último informe del CEP-XXI y la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

Asimismo, los cargos que ejercen las mujeres dentro del sector son mayoritariamente administrativas (49,3%) – en comparación con los varones- (14%), mientras que los cargos profesionales del empleo femenino son del 10 % contra el 3 % del masculino.

Por lo tanto, en el 2021 se dio un fuerte crecimiento en la designación de mujeres sobre todo dentro de las autoridades superiores registrando un incremento del 24%.

“La participación de las mujeres dentro de las autoridades superiores alcanzó un 24 %, lo que se traduce en un incremento interanual del 5,6 %, pasando del 42,9 % en 2020 al 48,5 % en 2021”.

Sin embargo, los puestos técnicos alcanzan el 15,6% del empleo femenino minero, una cifra considerablemente menor que en los varones (27%) y con mayor distinción en las operaciones de máquinas e instalaciones (10 % contra 35 % en los hombres).

Finalmente, el informe señala diferencias relevantes en las tareas de oficiales y operarios, con un 8 % del empleo masculino contra 1 % del femenino.

La promoción de la igualdad de género por parte de los organismos mineros aparece como uno de los principales retos, ya que tan solo el 14% afirmó estar realizando acciones en esta línea.

En cuanto a acciones implementadas por los organismos en pos de la igualdad de género entre su personal, el 38% respondió estar llevando adelante acciones.

Por su parte, la secretaría de Minería organiza y acompaña diversas propuestas de inclusión, diversidad y género para achicar las brechas de género en el sector minero.

Una de ellas son las Mesa Interprovincial de Género y Minería, que generan espacios de articulación entre las provincias y el Estado nacional, junto con los conversatorios destinados al sector público y privado.

Estas propuestas ponen en valor las voces que provienen del sector empresarial, de las cámaras, los sindicatos y también de las protagonistas que trabajan cotidianamente en el sector como Women in Mining Argentina (WIM Argentina) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

En este sentido, el informe muestra que el 71% de los organismos mineros están adheridos a compromisos formales para apoyar la igualdad de género, aunque “no todos responden a iniciativas asumidas directamente por el organismo minero”.

“La mayoría identificó acciones en el marco de la Ley Micaela, sin embargo, esto se trata de una implementación obligatoria la administración pública nacional” señala el documento.

Además, destaca que sólo dos provincias mencionaron a las mesas de género como un compromiso en esta agenda, habiendo participado en 2021, 19 de las 23 provincias en la Mesa Interprovincial de Género y Minería.

También la Secretaría coordina junto con WIM Argentina diversos talleres de género e inclusión con perspectiva de derechos humanos, y diálogos acerca de género, roles y estereotipos en diversas provincias.

Por último, desde el gobierno se prevé para esta segunda parte del año, un relevamiento acompañado de una consultora de género, para asistir técnicamente en el diagnóstico de las barreras a la inserción de las mujeres y otras identidades, impulsando políticas y estrategias para la reducción de la segregación ocupacional y sectorial basada en el género.

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El Gobierno avanza en la conversión de planes sociales en empleo genuino

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El proyecto, que fue elaborado por el equipo del ministro de Economía Sergio Massa, dispone que el trabajador mantiene de manera temporal por 1 año la estabilidad del plan. Al transcurrir los doce meses, el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios.

El Gobierno establecerá un programa para convertir los planes sociales en empleo genuino, con acuerdo de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios, ratificaron este domingo fuentes oficiales.

El proyecto, que tiene la intención de beneficiar inicialmente a cerca de 200 mil personas, fue elaborado por el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, y se denomina “Puente Empleo” para la “Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad”, confirmaron fuentes de esa cartera.

La iniciativa consiste en que “los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por 1 (un) año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio”, explicaron las fuentes.

También destacaron que “el programa ‘Puente Empleo’ se establecería por DNU para darle mayor seguridad jurídica”.

La iniciativa actual dispone que “el trabajador mantiene de manera temporal por 1 (un) año la estabilidad del plan. Al año el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios de estar en el mercado laboral (indemnización futura)”.

En cuanto a los beneficios para los empleadores, “por 1 (un) año el Estado se hace cargo de parte del salario (la parte del plan que se mantiene)”, añadieron los voceros de Economía.

El programa “Puente al Empleo”, destacaron, “apunta a incorporar 200 mil trabajadores de la economía social”.

“Fundamentalmente, se busca que las incorporaciones se den en empleadores de hasta 100 trabajadores, que son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el Boletín de Seguridad Social”, añadieron.

Este programa, dijeron las fuentes, “permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales”.

Los detalles para terminar de diseñar el plan “Puente Empleo” fueron analizados por los expertos del equipo económico de Massa el viernes pasado en una reunión que se extendió hasta la madrugada del sábado. También hubo reuniones el sábado y este domingo incluso en oficinas del Frente Renovador que lidera el ministro, en Avenida del Libertador al 800.

Poco después de ser designado en Economía, Massa dijo que el Gobierno va a trabajar en el reordenamiento de los planes sociales. Anticipó en ese sentido este proyecto por el cual “aquel que tiene un plan ingresa a una empresa y mantiene durante un año el plan como base” mientras el empleador “paga la diferencia del salario de convenio más la ART y la obra social”.

“Sobre los planes sociales encararemos una política de reordenamiento durante los próximos 12 meses, poniendo foco en tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad”, afirmó en esa ocasión.

En octubre del año pasado, cuando era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Massa, presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo: convertir los planes sociales en empleo genuino.

“Estamos promoviendo una herramienta que permite a las pymes, a las provincias, a los municipios y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro”, explicó entonces en un video, cuando presentó el proyecto.

Fuente: Telam

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Comienza el reordenamiento del programa Potenciar Trabajo

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El reordenamiento de los planes sociales dará la semana próxima un paso central cuando la Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional inicien las auditorías sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires.

Las casas de altos estudios relevarán la situación socio laboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios, tal como quedó definido el viernes en una reunión que mantuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con intendentes y funcionarios municipales de la Primera y Tercera sección electoral.

“Queremos saber su historia educativa, así como conocer más su trayectoria laboral, si tiene algún oficio, lo que permitirá avanzar en la transparencia y generar condiciones para que el que trabaje puedo hacerlo de la mejor manera, y para que el que no trabaja, pueda capacitarse o estudiar”Gustavo Aguilera

“La reunión fue muy productiva. Charlamos sobre en qué consiste la auditoría de las actividades del Potenciar Trabajo que abarca a un millón trescientos mil titulares. La idea es tener más y mejor información sobre cada uno de ellos”, afirmó este sábado el viceministro de esa cartera, Gustavo Aguilera, en declaraciones a Télam.

“Queremos saber su historia educativa, así como conocer más su trayectoria laboral, si tiene algún oficio, lo que permitirá avanzar en la transparencia y generar condiciones para que el que trabaje puedo hacerlo de la mejor manera, y para que el que no trabaja, pueda capacitarse o estudiar”, puntualizó e insistió en que si el beneficiario “no hace ninguna de estas cosas, no va a recibir más el Potenciar Trabajo”.

Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Social, los estudiantes de las universidades que realizarán los relevamientos comenzarán la semana próxima con las capacitaciones, en tanto que durante la otra arrancarán los operativos, con el trabajo en el territorio de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Habrá distintas modalidades: por un lado, los encuestadores visitarán los lugares donde los beneficiarios trabajan y, por otro lado, habrá convocatorias específicas en clubes, predios o universidades.

Los beneficiarios, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros.

Se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.

Los beneficiarios, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros

Estos procedimientos fueron detallados en el encuentro de ayer -que se realizó en la sede del ministerio- donde se insistió en que las autoridades buscan “relevar información sobre las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo para conocer su situación socio laboral y productiva y certificar la realización de actividades bajo el programa, en el marco del vínculo con las Unidades de Gestión gubernamentales y no gubernamentales”.

El viernes el ministro Juan Zabaleta precisó que “este nuevo paso que estamos dando es parte de un camino que iniciamos hace un año: abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino y ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública”.

El relevamiento, además, permitirá diseñar estrategias para “fortalecer” las iniciativas del Potenciar Trabajo, apoyadas en cinco ejes: socio productivas, comunitarias, laborales, de terminalidad educativa y de formación laboral.

De la reunión participaron también el viceministro Aguilera, y el titular de Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva Potenciar Trabajo, Pablo Pais; la secretaria de Abordaje Integral, Micaela Ferraro, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Alejandro Gramajo; y el subsecretario de Política de Integración y Formación, Daniel Menéndez.

Estuvieron además las y los intendentes Carlos Ramil (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Julio Zamora (Tigre), Federico Achaval (Pilar), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui) y Gastón Granados (Ezeiza). Asistieron también Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Andreotti (San Fernando) y Nicolás Mantegaza (San Vicente).

“Este nuevo paso que estamos dando es parte de un camino que iniciamos hace un año: abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino y ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública”Juan Zabaleta

Otros de los participantes fueron Mariana Balbi, secretaria de Desarrollo Social Comunitaria de General Rodríguez; Carlos Cittadini, secretario de Economía Social y Popular de Merlo; Daniel Matos, director de Entidades Intermedias de San Isidro; Diego Kravetz, Jefe de Gabinete de Lanús; Nicolás Fusca, secretario de Desarrollo Social de La Matanza; Domingo Antonio Córdoba, secretario de Economía de Presidente Perón; y Emiliano Valentino, secretario de Desarrollo Social de Esteban Echeverría.

Días atrás, al presentar sus primeras medidas al frente del Palacio de Hacienda, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes en un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará en los próximos días con el inicio de la auditoría.

Desde los movimientos sociales, el secretario gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato, apoyó esta semana el comienzo de la auditoría, pero advirtió: “No vamos a tolerar su uso mediático ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario”.

“Estamos de acuerdo con el proceso de auditorías que comenzará, los movimientos populares vamos a colaborar con que Potenciar Trabajo tenga la mayor transparencia posible. Para eso es necesario que las auditorias se realicen al conjunto de las organizaciones sociales, ONGs, municipios, gobiernos provinciales e iglesias que son parte de la ejecución del programa”, afirmó el dirigente en un comunicado.

Sobre la metodología a implementar, agregó que “para que las auditorías sean lo más reales posibles, es fundamental que se realicen en las diversas unidades productivas, cooperativas, espacios comunitarios o empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan su labor”, y expresó que “es fundamental aplicar políticas de transparencia”.

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